Lunes 21 de setiembre de 2020

La disputa entre un grupo de grandes empresas y la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) por deudas tributarias de S/11,000 millones estaría en su última etapa.

 

Mañana 22 de septiembre, el Tribunal Constitucional decidirá si valida el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Colegio de Abogados de La Libertad contra la norma que permitiría el cobro de S/ 11,000 millones por deudas tributarias a favor del Estado.

El año pasado, el Colegio de Abogados inició un proceso contra el cómputo del plazo de prescripción de la acción para determinar la obligación tributaria o para aplicar sanciones, iniciadas hasta el 1 de enero de 2012, a partir del día siguiente de la notificación (primera disposición transitoria del Decreto Legislativo 1421).

La norma mejora la resolución del Tribunal Fiscal de 2017 que ponía en riesgo el cobro de deudas tributarias al establecer que el plazo de Sunat para cobrar la deuda iniciaba a la par del plazo para determinar la deuda. Anular este cambio significaría que las 233 empresas que actualmente mantienen litigios con Sunat (22 de las cuales concentran el 85% de la deuda pertenecientes a los sectores minería, hidrocarburos, transporte y construcción) obtendrían la prescripción de sus deudas.

En detalle, existen 6,000 apelaciones planteadas por los contribuyentes (o por la misma Sunat) ante el Tribunal Fiscal referidas al cobro de S/ 31,000 millones en impuestos (26% de los cuales involucra a 46 grandes empresas).

De 1,500 expedientes que ya han escalado al Poder Judicial son por el pago de S/ 8,000 millones en tributos, 63% de este monto se concentra en nueve procesos de casación promovidos por dos corporaciones.

Una eventual prescripción de la deuda tributaria de las grandes empresas con el fisco por aproximadamente 11 mil millones de soles “no le saldrá gratis a la ciudadanía”, afirmó el exministro de Economía y Finanzas, David Tuesta Cárdenas, al comentar el fallo que deberá emitir en los próximos días el Tribunal Constitucional (TC) sobre la materia.

¿Cómo podría afectarnos esta medida a nivel de país?

 

Una eventual prescripción de la deuda tributaria de las grandes empresas con el fisco por aproximadamente 11 mil millones de soles “no le saldrá gratis a la ciudadanía”, afirmó el exministro de Economía y Finanzas, David Tuesta Cárdenas, al comentar el fallo que deberá emitir en los próximos días el Tribunal Constitucional (TC) sobre la materia.

Alertó que esta medida tendría un fuerte impacto en la recaudación, al afectar la capacidad de fiscalización de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), e incluso desincentivando a los contribuyentes a cumplir con sus obligaciones tributarias.

Tuesta opinó que el monto de lo que se podría dejar de recaudar asciende al 50% del presupuesto destinado al Sector Salud; y tendrá un impacto negativo en la estabilidad fiscal, justo en una coyuntura en la que existe una escasez de recursos por los efectos de la pandemia.

“Esto no le saldrá gratis a la población (…) No debemos perder de vista el elemento político de esta decisión» que se verá como un  beneficio a los empresarios, remarcó en RPP.

El martes 22, el TC tiene previsto debatir la ponencia presentada por el magistrado Ernesto Blume Fortini, quien planteó formalmente declarar la inconstitucionalidad de la Primera Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo 1421, a pedido del Colegio de Abogados de la Libertad, que esta semana se desistió de la demanda.

Blume sustentó su posición argumentando que tal disposición sería inconstitucional, al haber excedido el Poder Ejecutivo, supuestamente, las facultades delegadas en la Ley 30823 para legislar en materia tributaria; y al ser supuestamente retroactiva.

Sin embargo, el Congreso de la República, a través del Grupo de Trabajo encargado del control constitucional sobre los actos normativos del Poder Ejecutivo, confirmó formalmente que la citada disposición sí formaba parte de las materias delegadas. En tanto, la Sunat señaló que la norma objetada es constitucional.

Esta semana, el Colegio de Abogados de La Libertad, gremio profesional que presentó la citada demanda, emitió un comunicado anunciando que se desisten de la acción de inconstitucionalidad, alegando que tienen un criterio distinto al expresado en esa demanda, la cual fue presentada por la directiva anterior.

“Esa medida solo favorecerá a las empresas que más le deben al estado”, dijo el vicedecano del citado gremio profesional, Carlos Gonzales Moreno.

Fuente: Andina.
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