Precedente de observancia obligatoria: En el supuesto previsto por el segundo párrafo del artículo 76 de la Ley del Impuesto a la Renta, en el que no se produce una retención, no corresponde exigir que se cuente con el Certificado de Residencia, a que se refiere el Decreto Supremo N° 090-2008-EF, al momento de contabilizar el gasto o costo, a efectos de poder aplicar los beneficios contemplados en el CDI.

 

CASO

  • El presente caso, inicia cuando el recurrente efectúa el pago del Impuesto a la Renta de No Domiciliados por los meses de enero a diciembre de 2016 de acuerdo con el registro contable de las regalías facturadas cumpliendo con pagar el monto equivalente a la retención (15%) en el mes de su registro contable, de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 76 de la Ley del Impuesto a la Renta.

  • No obstante, la Administración Tributaria considera que debió efectuar el pago del Impuesto a la Renta aplicando la tasa del 30%, toda vez que no contaba con el certificado de residencia en el momento en que se efectuó el registro contable, que acredite la residencia de la recurrente durante los meses de enero a diciembre de 2016, según lo dispuesto por el Decreto Supremo N° 090-2008-EF.

En consecuencia, se inició a la recurrente un procedimiento de fiscalización parcial a fin de verificar el cumplimiento de sus obligaciones tributarias relacionadas a las Retenciones del Impuesto a la Renta de No Domiciliados de los períodos de enero a diciembre de 2016.

FUNDAMENTOS
  • Que, el Tribunal Fiscal advierte que, el decreto antes mencionado, condiciona la aplicación de los beneficios contemplados en los convenios para evitar la doble imposición, con la presentación del certificado de residencia, solo cuando acaezca el deber de retener el Impuesto a la Renta
  • De igual forma, señala que dicho certificado de residencia solo tiene efectos declarativos, que consiste en acreditar la residencia del proveedor no domiciliado, y no constitutivos, para el acceso a los beneficios tributarios contemplados en el “Convenio entre la República del Perú y la Republica de Chile para evitar la doble tributación y para prevenir la evasión fiscal en relación al Impuesto a la Renta y al Patrimonio (CDI Perú-Chile)”.
  • En ese sentido, determina que, en virtud del artículo 26 del CDI Perú–Chile, la Administración puede acudir a la asistencia administrativa mutua con Chile para efectos de verificar la residencia de la recurrente, y que de no hacerlo se infringirían los principios de verdad material e impulso de oficio

En consecuencia, el Tribunal Fiscal, determina que la recurrente no ha cometido la infracción tipificada en el numeral 13 del artículo 177 del Código Tributario, el cual sanciona el incumplimiento del deber de retener, toda vez que no se contabilizo el importe de su retención antes de encontrarse en posición de pago. De igual manera, sostiene que las resoluciones de multa que le fueron impuestas vulneran el principio de tipicidad y por tanto, son ilegales, al no haberse aplicado el criterio subjetivo para determinar la comisión de la infracción tipificada objeto de controversia, y que la Administración no ha utilizado el procedimiento administrativo sancionador previsto en la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444.

CRITERIO

En el supuesto previsto por el segundo párrafo del artículo 76 de la Ley del Impuesto a la Renta, en el que no se produce una retención, no corresponde exigir que se cuente con el Certificado de Residencia, a que se refiere el Decreto Supremo N° 090-2008-EF, al momento de contabilizar el gasto o costo, a efectos de poder aplicar los beneficios contemplados en el CDI”

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