Publicado el 15 de julio de 2021

Como se recuerda, el día viernes 21 de mayo del 2021, se aprobó durante el pleno del Congreso con 98 votos a favor, 1 en contra y 3 abstenciones, la nueva ley del teletrabajo para las entidades de la administración pública y las empresas privadas.

 

La iniciativa, emitida por la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología, así como la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, buscaba regular el teletrabajo como una modalidad de prestación de servicios, caracterizada por el uso de medios tecnológicos, informáticos o de telecomunicaciones (TMC). De esta manera, se buscaba regular dicha modalidad estableciendo parámetros y elaborando políticas públicas que garanticen su debida aplicación.

Dicha propuesta quedó en manos del Ejecutivo, el cual devolvió la autógrafa al Legislativo con 16 observaciones.

Ante esto el 13 de julio,  la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología del Congreso aprobó admitir 11 de esas 16 observaciones, lo cual cambia distintos aspectos de la ley propuesta inicialmente.

Uno de los cambios más resaltantes es que se elimina la obligación de la empresa de otorgar equipos tecnológicos y pagar el servicio de Internet a sus trabajadores en la modalidad remota.

Los trabajadores que usen sus propios equipos e Internet podrían ser compensados, salvo que desistan de este derecho. Ahora esta medida, que implicaba que las empresas asuman los costos del trabajo remoto, podrá pactarse entre ambas partes.

También se aprobó eliminar la acreditación de supuestos específicos para migrar del teletrabajo al trabajo presencial, el cumplimiento del plazo de 5 días hábiles para responder una solicitud de cambio de modalidad de trabajo, la obligación de que la generación de horas extras en el teletrabajo deban ser autorizadas previamente por el empleador, entre otros.

 

¿Por qué fue observada la ley?

De acuerdo con el oficio enviado por el Gobierno, la autógrafa enviada por el Congreso desincentivaban el uso del teletrabajo, especialmente en las microempresas y pequeñas empresas, pues implicaban una mayor dificultad para asumir los gastos planteados.

“Es viable que que empleador y trabajador puedan adoptar libre y eficientemente acuerdos sobre la responsabilidad con respecto a los equipos y servicios requeridos para el teletrabajo sin necesidad de que la legislación predetermine una asignación particular de costos”, indicaron.

Asimismo, señalaban que este proyecto de ley podía demandar recursos adicionales al Tesoro Público, pues se requeriría una fiscalización del cumplimiento de la desconexión digital y de la aplicación correcta del teletrabajo. Pese a esta observación, este último punto no fue modificado por la Comisión.

 

Fuente: Diario El Comercio

¡Haz clic para puntuar esta entrada!
(Votos: 0 Promedio: 0)