En este contexto, ya no se trata solo de cumplir con las obligaciones formales, sino de gestionar activamente el riesgo tributario antes de que sea observado por la autoridad.

¿Qué es la fiscalización electrónica SUNAT?

La fiscalización electrónica SUNAT es un procedimiento mediante el cual la Administración revisa información tributaria utilizando cruces automatizados de datos provenientes de sistemas como:

• Facturación electrónica
• Registro de Compras y Ventas (SIRE)
• Libros electrónicos (PLE)
• Declaraciones juradas

A partir de estos cruces, SUNAT puede detectar inconsistencias sin necesidad de una visita presencial, lo que agiliza los procesos de fiscalización tributaria.

¿Cómo funciona actualmente la fiscalización tributaria en Perú?

En 2026, la fiscalización tributaria en Perú se caracteriza por un enfoque preventivo y automatizado. SUNAT no solo revisa lo declarado, sino que contrasta la información con:

• Proveedores y clientes
• Movimientos financieros
• Operaciones electrónicas registradas

Esto permite identificar alertas tempranas que pueden derivar en:

• Requerimientos de información
• Esquelas de observación
• Procedimientos de auditoría tributaria más complejos

El cambio principal es que las observaciones se generan antes y con mayor precisión, lo que reduce el margen de reacción de las empresas.

Principales riesgos detectados por SUNAT en 2026

Uno de los errores más comunes es asumir que cumplir formalmente evita contingencias. En la práctica, SUNAT está enfocándose en aspectos sustanciales.

Entre los principales riesgos tributarios detectados destacan:

• Diferencias entre ingresos declarados y facturación electrónica
• Uso indebido de gastos no fehacientes
• Inconsistencias en el crédito fiscal del IGV
• Operaciones con proveedores no habidos o de riesgo

Estas situaciones suelen derivar en reparos tributarios que impactan directamente en la carga fiscal de la empresa.

Diferencias entre fiscalización tradicional y electrónica

La evolución hacia la fiscalización electrónica SUNAT implica cambios relevantes en la forma en que las empresas deben prepararse.

Mientras que la fiscalización tradicional:

• Era reactiva
• Dependía de revisiones documentarias físicas
• Permitía mayor margen de respuesta

La fiscalización electrónica:

• Es preventiva y automatizada
• Se basa en grandes volúmenes de datos
• Reduce los tiempos de respuesta
• Incrementa la precisión en la detección de inconsistencias

Esto obliga a las organizaciones a fortalecer sus procesos internos y controles tributarios.

Cómo prepararse ante una fiscalización electrónica SUNAT

La preparación ya no debe iniciar cuando llega un requerimiento, sino mucho antes. Algunas medidas clave incluyen:

En primer lugar, realizar revisiones periódicas de consistencia entre los sistemas contables y la información enviada a SUNAT.

Asimismo, es importante validar la trazabilidad de las operaciones, asegurando que cada transacción tenga sustento documental adecuado.

Otro aspecto crítico es evaluar la razonabilidad de los gastos y su vinculación con la generación de renta, evitando contingencias en una eventual auditoría tributaria.

Finalmente, implementar controles internos permite detectar desviaciones antes de que sean observadas por la Administración.

Recomendaciones prácticas para reducir contingencias

Desde una perspectiva preventiva, las empresas deberían considerar:

• Realizar auditorías tributarias internas de forma periódica
• Evaluar a sus proveedores desde el punto de vista fiscal
• Alinear las áreas contables y financieras con criterios tributarios
• Contar con asesoría especializada en fiscalización tributaria

Estas acciones no solo reducen el riesgo, sino que permiten afrontar una fiscalización SUNAT con mayor solidez técnica.

Conclusión

La fiscalización electrónica SUNAT ha cambiado la forma en que las empresas deben gestionar su cumplimiento tributario. Hoy, la anticipación y el control interno son factores determinantes para evitar contingencias.

Adoptar un enfoque preventivo no solo reduce riesgos, sino que fortalece la toma de decisiones y la sostenibilidad financiera del negocio.

¿Tu empresa está preparada para una fiscalización electrónica SUNAT?

En Ecovis Perú contamos con un equipo especializado en asesoría tributaria y auditoría, enfocado en identificar riesgos y fortalecer el cumplimiento fiscal de tu organización.

Consulta con nuestra área de Tax & Legal para una evaluación preventiva en info@ecovis.com.pe.

Mediante el Decreto Supremo N.º 058-2026-EF , el MEF ha reformulado el Reglamento del Fedatario Fiscalizador, incorporando expresamente la fiscalización en entornos digitales.

Esto no es un cambio menor, la SUNAT ahora puede intervenir operaciones realizadas por redes sociales, marketplaces, apps y cualquier plataforma digital.

Este cambio se sustenta en la ampliación de facultades del artículo 62 del Código Tributario (modificado por D. Leg. 1523), que permite incluso grabaciones de audio/video y otras formas de evidencia digital.

2. ¿QUÉ CAMBIA EN LA PRÁCTICA?

La reciente modificación redefine de manera sustantiva el alcance de la fiscalización tributaria en el Perú, al incorporar expresamente el control de operaciones realizadas en entornos digitales . A partir de esta norma, la SUNAT no solo mantiene sus facultades tradicionales de verificación en establecimientos físicos, sino que extiende su capacidad de intervención a transacciones efectuadas a través de redes sociales, plataformas digitales y aplicaciones móviles, cerrando así una brecha históricamente explotada por la informalidad.

El cambio más relevante no radica en la creación de nuevas obligaciones tributarias, sino en la intensificación y sofisticación de los mecanismos de control. El fedatario fiscalizador puede ahora intervenir operaciones digitales de manera encubierta, simular compras, utilizar medios de pago electrónicos y documentar los hechos mediante actas electrónicas que son notificadas vía buzón SOL. Estas actas mantienen su calidad de documento público y, conforme a la jurisprudencia reiterada del Tribunal Fiscal, constituyen prueba suficiente para sustentar sanciones, lo que desplaza la carga probatoria hacia el contribuyente.

Desde una perspectiva operativa, la fiscalización deja de ser reactiva y presencial para convertirse en inmediata, digital y altamente trazable. La posibilidad de intervenir sin identificación previa, sumada al uso de evidencia digital y a la integración con sistemas de pago, incrementa significativamente la capacidad de SUNAT para detectar omisiones en la emisión de comprobantes de pago, especialmente en operaciones concertadas fuera de un establecimiento físico.

En este contexto, los negocios que operan a través de redes sociales, marketplaces o canales digitales enfrentan un riesgo tributario sustancialmente mayor, particularmente cuando existen prácticas informales o debilidades en los procesos de facturación. Si bien aún no existe un desarrollo jurisprudencial específico sobre fiscalización digital, la tendencia del Tribunal Fiscal ha sido consistentemente favorable a validar las actuaciones del fedatario cuando se cumplen las formalidades, lo que anticipa un escenario de alta convalidación administrativa.

En síntesis, esta reforma consolida un cambio de paradigma: la economía digital deja de ser un espacio de baja fiscalización para integrarse plenamente al radar de la Administración Tributaria. En adelante, el riesgo no dependerá del canal de venta, sino del grado de cumplimiento efectivo, lo que exige a las empresas adaptar sus procesos comerciales y tecnológicos a un estándar de control tributario coherente con la nueva realidad digital.

Para consultas o acompañamiento especializado, nuestro equipo Tax & Legal está disponible en info@ecovis.com.pe.

Atentamente,
Equipo ECOVIS Perú
Tax & Legal Services
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Este nuevo reglamento adecúa el marco normativo a las modificaciones introducidas por la Ley No. 32460, incorporando cambios relevantes que amplían el alcance del mecanismo y flexibilizan sus fuentes de financiamiento.

Principales cambios

1. Ampliación del alcance del mecanismo

El mecanismo de Obras por Impuestos ya no se limita a la ejecución de proyectos de infraestructura. El nuevo reglamento permite financiar:

• Proyectos de inversión pública
• IOARR (inversiones de optimización, ampliación marginal, reposición o rehabilitación)
• Actividades de operación y mantenimiento
• Servicios públicos
• Construcción de viviendas rurales

Esto convierte a Obras por Impuestos en un instrumento más amplio para la provisión de bienes y servicios públicos.

2. Incorporación de servicios como intervención financiable

Se habilita la ejecución de determinados servicios públicos mediante Obras por Impuestos, principalmente en:

• Salud
• Educación
• Saneamiento
• Planificación territorial (planes urbanos, catastro, entre otros)

Estos servicios deben generar resultados concretos y medibles, y no pueden financiar gastos corrientes permanentes.

3. Inclusión de construcción de viviendas rurales

El reglamento incorpora un régimen específico para financiar viviendas rurales en zonas vulnerables, especialmente en áreas afectadas por heladas o friaje, mediante fichas de intervención aprobadas por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

4. Nuevas fuentes de financiamiento

Se amplían las fuentes que pueden respaldar la emisión de los certificados de inversión pública (CIPRL y CIPGN), incluyendo:

• FONCOMUN
• FOCAM
• Recursos directamente recaudados
• Recursos ordinarios (bajo determinadas condiciones)
• Donaciones y transferencias

Esto permitirá que más gobiernos subnacionales utilicen el mecanismo aun cuando no cuenten con recursos de canon suficientes.

5. Uso combinado de fuentes de financiamiento

Se habilita el uso conjunto de Topes Máximos de Capacidad Anual (TMCA) con recursos del presupuesto institucional, lo que facilita el financiamiento de intervenciones de mayor envergadura.

6. Mayor desarrollo del régimen contractual

El reglamento incorpora reglas más detalladas sobre:

• Liquidación del convenio de inversión
• Mayores metrados y mayores trabajos
• Costos de gestión del proyecto
• Cambios en consorcios de empresas privadas

Estas disposiciones buscan reducir contingencias y controversias durante la ejecución de proyectos.

Impacto para el sector privado

El nuevo reglamento fortalece el mecanismo de Obras por Impuestos como herramienta de inversión social corporativa y desarrollo territorial, ampliando las oportunidades para que empresas privadas participen en la ejecución de intervenciones públicas y utilicen los certificados de inversión para el pago de su impuesto a la renta.

En la práctica, el mecanismo deja de estar concentrado exclusivamente en infraestructura y pasa a permitir intervenciones más flexibles vinculadas a servicios públicos y desarrollo territorial.

Para consultas o acompañamiento especializado, nuestro equipo Tax & Legal está disponible en info@ecovis.com.pe.

Durante los últimos años, el debate técnico sobre la actualización de la Ley General de Sociedades (Ley N.º 26887) ha cobrado mayor relevancia. Si bien la norma ha brindado estabilidad jurídica desde su promulgación, el dinamismo empresarial actual plantea escenarios que no siempre fueron previstos en su redacción original, como la digitalización de actos societarios, la mayor sofisticación de estructuras corporativas y el incremento de conflictos derivados de operaciones vinculadas.

En este contexto, el Gobierno Corporativo en Perú deja de ser un concepto asociado exclusivamente a grandes corporaciones o empresas listadas en bolsa. Hoy constituye un elemento central en la gestión de empresas familiares, grupos empresariales y sociedades con proyección de crecimiento. Su correcta implementación no solo impacta en el cumplimiento normativo, sino también en la sostenibilidad y reputación corporativa.

Tendencias actuales sobre el Gobierno Corporativo en Perú

Profesionalización del directorio empresarial

Una de las tendencias más visibles en el Gobierno Corporativo en Perú es la profesionalización del directorio empresarial. Las empresas están transitando desde modelos altamente concentrados en socios fundadores hacia estructuras que incorporan directores independientes, perfiles técnicos y comités especializados.

Este proceso responde a la necesidad de fortalecer la supervisión estratégica y reducir riesgos asociados a decisiones poco documentadas o carentes de análisis técnico. La incorporación de comités de auditoría, riesgos o cumplimiento permite segmentar funciones y generar mayor trazabilidad en la toma de decisiones.

Desde el punto de vista legal, esta evolución también contribuye a mitigar la exposición vinculada a la responsabilidad de administradores, dado que las decisiones adoptadas con respaldo técnico y actas debidamente sustentadas reducen el margen de cuestionamiento posterior.

Mayor exigencia en cumplimiento societario

El cumplimiento societario en Perú ha adquirido un rol preventivo clave. La correcta llevanza de libros societarios, la formalidad en convocatorias y acuerdos, y la coherencia entre la realidad operativa y la estructura estatutaria son elementos que impactan directamente en la seguridad jurídica de la empresa.

Las observaciones registrales ante SUNARP, los requerimientos de la SUNAT en procesos de fiscalización y los criterios adoptados por el Tribunal Fiscal evidencian que la formalidad societaria ya no es un aspecto meramente administrativo. Las inconsistencias en actas, la falta de actualización de poderes o la inadecuada aprobación de acuerdos pueden generar contingencias tributarias y conflictos entre accionistas.

En este escenario, el Gobierno Corporativo en Perú se convierte en una herramienta de orden y control que reduce riesgos operativos y legales.

Integración de estándares internacionales

Otra tendencia relevante es la adopción progresiva de estándares internacionales de gobernanza, particularmente aquellos promovidos por la OCDE y organismos multilaterales. Estos lineamientos enfatizan principios como transparencia, rendición de cuentas, trato equitativo a accionistas y adecuada gestión de conflictos de interés.

Aunque no todas las empresas peruanas están obligadas a cumplir estándares internacionales, el mercado financiero y los inversionistas institucionales valoran positivamente la implementación voluntaria de buenas prácticas corporativas. En consecuencia, la adopción de políticas internas de gobernanza se ha convertido en un factor diferenciador.

Proyectos de reforma de la Ley General de Sociedades

La discusión sobre la reforma societaria busca fortalecer y actualizar el marco normativo vigente. La Ley General de Sociedades ha permitido estabilidad jurídica, pero ciertos aspectos requieren mayor precisión o adaptación a nuevas dinámicas empresariales.

Uno de los ejes más relevantes es la delimitación de la responsabilidad de directores y gerentes. La tendencia apunta a precisar estándares de diligencia y lealtad, lo que implica exigir una actuación informada y alineada con el interés social. Esto puede traducirse en una mayor exigencia probatoria frente a eventuales controversias.

Otro punto de debate es la modernización de mecanismos para la adopción de acuerdos. La experiencia reciente demostró la necesidad de regular con mayor claridad las juntas no presenciales, el uso de medios electrónicos y la validez de comunicaciones digitales en procesos societarios. La actualización normativa permitiría reducir vacíos interpretativos y otorgar mayor seguridad jurídica.

Asimismo, se discuten mejoras en la protección de accionistas minoritarios, particularmente en lo relativo a impugnación de acuerdos, derecho de información y operaciones vinculadas. Estos ajustes buscan equilibrar relaciones internas y reducir conflictos societarios prolongados.

El texto vigente de la Ley General de Sociedades puede revisarse en el portal oficial del Estado Peruano, lo que permite analizar el alcance actual de sus disposiciones y comprender el impacto potencial de las reformas propuestas.

Impacto en la responsabilidad de administradores

El fortalecimiento del Gobierno Corporativo en Perú implica una redefinición práctica del estándar de actuación exigido a directores y gerentes. La responsabilidad de administradores no se limita al cumplimiento formal de la ley, sino que abarca la diligencia en la evaluación de riesgos, la prevención de conflictos de interés y la supervisión adecuada de la gestión empresarial.

En un entorno de mayor transparencia, los administradores deben sustentar decisiones estratégicas mediante informes técnicos, análisis financieros y opiniones legales cuando corresponda. La ausencia de documentación adecuada puede incrementar la exposición frente a cuestionamientos de accionistas o terceros.

Además, la interacción entre la normativa societaria y el marco tributario genera escenarios en los que decisiones corporativas pueden tener impacto fiscal relevante. En ese sentido, el Gobierno Corporativo en Perú debe integrarse con estrategias de cumplimiento tributario y control interno.

Riesgos derivados de una estructura societaria desactualizada

Las empresas que no revisan periódicamente su estructura societaria enfrentan diversos riesgos. Entre ellos se encuentran la existencia de estatutos que no reflejan la realidad operativa, poderes vencidos o insuficientes, y acuerdos adoptados sin el quórum o formalidad requeridos.

Estos escenarios pueden generar impugnaciones, observaciones registrales o cuestionamientos en procesos de fiscalización. En casos más complejos, podrían derivar en responsabilidad personal de administradores si se acredita negligencia en el cumplimiento de sus deberes.

Desde una perspectiva preventiva, la actualización de estatutos y la implementación de políticas de buen gobierno reducen significativamente la probabilidad de conflictos internos y litigios societarios.

Oportunidades estratégicas ante la reforma societaria

Más allá de los riesgos, la reforma societaria representa una oportunidad para fortalecer la gobernanza empresarial. La revisión de la estructura de directorio, la formalización de políticas de manejo de conflictos de interés y la implementación de códigos de conducta permiten mejorar la eficiencia y transparencia organizacional.

Una empresa con estándares sólidos de Gobierno Corporativo en Perú genera mayor confianza frente a bancos, inversionistas y socios estratégicos. En procesos de due diligence, la existencia de una estructura societaria ordenada y documentada reduce contingencias y facilita transacciones corporativas.

Asimismo, la adopción de buenas prácticas puede contribuir a la continuidad del negocio en empresas familiares, donde la claridad en reglas de sucesión y toma de decisiones resulta determinante.

Recomendaciones prácticas para empresas peruanas

Ante el escenario de evolución normativa, resulta recomendable realizar un diagnóstico integral del estado actual del gobierno corporativo en la empresa. Este análisis debe abarcar la revisión de estatutos, reglamentos internos, composición del directorio empresarial y consistencia de actas societarias.

También es conveniente evaluar si la estructura actual permite gestionar adecuadamente riesgos, conflictos de interés y decisiones estratégicas de alto impacto. La capacitación periódica de directores y gerentes en materia de responsabilidad y cumplimiento fortalece la cultura corporativa.

El Gobierno Corporativo en Perú no debe entenderse como una exigencia aislada del área legal. Debe integrarse con la estrategia empresarial, la planificación tributaria y los mecanismos de control interno.

Para conocer más sobre asesoría especializada en estructuras societarias y cumplimiento corporativo, puedes visitar nuestra sección de Tax & Legal.

Conclusión

El Gobierno Corporativo en Perú se encuentra en una fase de consolidación que exige mayor profesionalización, transparencia y cumplimiento normativo. Los proyectos de reforma de la Ley General de Sociedades no solo buscan actualizar disposiciones legales, sino también elevar el estándar de actuación de administradores y fortalecer la protección de accionistas.

Las empresas que anticipen estos cambios mediante una revisión estratégica de su estructura societaria estarán mejor posicionadas para reducir riesgos, mejorar su reputación y aprovechar oportunidades de crecimiento.

La evolución del marco normativo requiere una evaluación especializada de cada estructura societaria.

Consulta con nuestra área de Tax & Legal y analiza el impacto del Gobierno Corporativo en Perú para tu organización.

En el marco de la Ley General de Sociedades y demás normativa aplicable, los acuerdos societarios, la actuación del directorio y el cumplimiento formal de obligaciones corporativas no son aspectos meramente administrativos. Su omisión puede derivar en nulidad de acuerdos, impugnaciones, responsabilidad de directores e incluso en impactos financieros relevantes.

Comprender la naturaleza de estos riesgos societarios permite adoptar medidas preventivas y fortalecer la estructura institucional de la empresa.

1. ¿Por qué los riesgos societarios deben estar en la agenda del directorio?

En muchas empresas, el enfoque de cumplimiento suele centrarse en lo tributario o laboral. Sin embargo, los riesgos societarios pueden generar efectos igual o más severos:

• Impugnación judicial de acuerdos.

• Suspensión de inscripciones registrales.

• Dificultades en procesos de financiamiento.

• Conflictos internos que paralizan decisiones estratégicas.

El directorio tiene el deber de diligencia y lealtad frente a la sociedad. Ignorar debilidades estructurales puede comprometer su responsabilidad.

2. Marco normativo peruano y exposición legal

La Ley General de Sociedades regula aspectos como:

• Convocatoria y desarrollo de la junta de accionistas.

• Facultades y deberes del directorio.

• Responsabilidad de gerentes.

• Formalidades de libros societarios.

El incumplimiento societario puede generar:

• Nulidad o anulabilidad de acuerdos.

• Responsabilidad solidaria de directores.

• Acciones de responsabilidad promovidas por accionistas.

• Observaciones en Registros Públicos – SUNARP.

En escenarios de conflicto, la carga probatoria suele recaer en la empresa y sus administradores.

3. Riesgos societarios formales: libros y registros

Uno de los riesgos societarios más subestimados es la gestión inadecuada de los libros societarios.

Problemas frecuentes:

• Actas no transcritas oportunamente.

• Acuerdos adoptados sin respaldo documental.

• Inconsistencias entre actas y estados financieros.

• Falta de legalización conforme a ley.

Estos errores pueden invalidar decisiones como:

• Aumentos de capital.

• Distribución de utilidades.

• Designación o remoción de directores.

• Modificaciones estatutarias.

En procesos de due diligence o auditorías legales, estas deficiencias suelen convertirse en observaciones críticas.

4. Riesgos en la toma de decisiones corporativas

Las decisiones estratégicas adoptadas sin un análisis formal adecuado pueden generar contingencias.

Ejemplos:

• Aprobación de operaciones con partes vinculadas sin sustento técnico.

• Otorgamiento de poderes sin delimitación clara.

• Distribución de utilidades sin verificar resultados acumulados.

Cuando no existe coherencia entre acuerdos societarios y registros contables, se incrementa la exposición a cuestionamientos internos y externos.

5. Responsabilidad de directores y gerentes

La responsabilidad de directores no es teórica. La normativa establece que responden por daños derivados de acuerdos contrarios a ley, estatuto o interés social.

Supuestos de riesgo:

• Omisión en supervisión del cumplimiento normativo.

• Aprobación de información financiera inexacta.

• Inacción frente a irregularidades evidentes.

En ciertos casos, la responsabilidad puede extenderse al patrimonio personal si se acredita dolo o culpa grave.

Por ello, la adopción de mecanismos de control interno y actas detalladas resulta clave para mitigar riesgos societarios.

6. Conflictos entre accionistas y bloqueo societario

En empresas familiares o sociedades cerradas, los conflictos entre socios son una fuente relevante de contingencias legales.

Factores comunes:

• Falta de pacto de accionistas.

• Ausencia de cláusulas de salida.

• Indefinición en reglas de transferencia de acciones.

• Desacuerdos sobre reinversión o distribución de utilidades.

Cuando no existen mecanismos claros de resolución, la empresa puede quedar operativamente paralizada.

7. Riesgos societarios en procesos de crecimiento o inversión

Durante procesos de expansión, fusiones o incorporación de inversionistas, los riesgos societarios se vuelven más visibles.

Un inversionista evaluará:

• Regularidad de libros societarios.

• Historial de acuerdos.

• Cumplimiento de formalidades.

• Existencia de litigios internos.

Deficiencias en estos aspectos pueden afectar la valorización de la empresa o frustrar la operación.

8. Impacto tributario y financiero de una contingencia societaria

Aunque los riesgos societarios son de naturaleza corporativa, pueden tener efectos tributarios y financieros:

• Reparos derivados de distribución indebida de utilidades.

• Cuestionamientos sobre gastos vinculados a decisiones no formalizadas.

• Impacto en provisiones contables.

La coordinación entre área legal, contable y financiera es esencial para asegurar consistencia.

9. Buenas prácticas de gobierno corporativo

Un sólido gobierno corporativo reduce significativamente la exposición a riesgos societarios.

Buenas prácticas recomendadas:

• Manuales internos de funcionamiento del directorio.

• Calendario anual de juntas.

• Revisión periódica de estatutos.

• Políticas de conflictos de interés.

• Registro ordenado y actualizado de acuerdos.

La formalidad no es un exceso burocrático; es un mecanismo de protección jurídica.

10. Enfoque preventivo integral

La gestión de riesgos societarios debe abordarse desde una perspectiva preventiva y estratégica.

Una revisión societaria periódica permite:

• Identificar contingencias ocultas.

• Corregir incumplimientos formales.

• Fortalecer la posición frente a inversionistas.

• Proteger a directores y accionistas.

La prevención reduce costos legales futuros y mejora la institucionalidad empresarial.

En Ecovis Perú asesoramos a empresas en la identificación y mitigación de riesgos societarios, a través de revisiones corporativas integrales, fortalecimiento del gobierno corporativo y soporte legal estratégico.

Consulta con nuestra área de Tax & Legal para evaluar la estructura societaria de tu empresa y prevenir contingencias legales.

Para gerentes generales y CFO, la prevención de riesgos legales forma parte de la sostenibilidad financiera y del gobierno corporativo.

¿Qué es una auditoría legal?

Una auditoría legal es una revisión integral del cumplimiento normativo de la empresa. Evalúa contratos, estructura societaria, obligaciones tributarias, laborales, regulatorias y prácticas de gobierno corporativo.

Su finalidad es:

• Detectar contingencias legales ocultas

• Identificar incumplimientos normativos

• Evaluar exposición a sanciones

• Proponer medidas correctivas

No debe confundirse con una defensa legal reactiva. La auditoría tiene un enfoque preventivo y estratégico.

¿Por qué es clave prevenir contingencias legales?

Las contingencias legales pueden impactar directamente en:

• Estados financieros

• Reputación corporativa

• Acceso a financiamiento

• Valoración de la empresa

• Procesos de due diligence

En Perú, los procesos de fiscalización SUNAT y la revisión electrónica de libros y comprobantes incrementan la trazabilidad de las operaciones. Asimismo, los criterios del Tribunal Fiscal pueden modificar interpretaciones tributarias relevantes.

Puede revisarse normativa vigente en el portal oficial de SUNAT:

No anticipar estos riesgos puede generar:

• Multas administrativas

• Reparos tributarios

• Contingencias laborales

• Procesos judiciales o arbitrales

Una auditoría legal periódica permite identificar estas situaciones antes de que escalen.

Principales riesgos legales en empresas peruanas

En el entorno empresarial peruano, las contingencias legales no suelen originarse en grandes decisiones estratégicas, sino en omisiones formales, documentación incompleta o interpretaciones normativas sin sustento suficiente.

Entre los riesgos legales más frecuentes se encuentran:

1. Riesgos societarios

Una gestión societaria deficiente puede generar observaciones registrales, nulidad de acuerdos o cuestionamientos en procesos de fiscalización o due diligence.

Principales contingencias:

• Libros societarios desactualizados (actas de junta, directorio, matrícula de acciones), lo que puede afectar la validez de decisiones adoptadas.

• Poderes no vigentes o insuficientes, especialmente en representación bancaria, contractual o tributaria.

• Acuerdos de directorio sin formalización adecuada, que no cumplen con requisitos de convocatoria, quórum o registro.

• Modificaciones estatutarias no inscritas oportunamente en Registros Públicos.

• Inconsistencias en la estructura accionaria frente a lo declarado en documentos oficiales.

Estas situaciones pueden afectar operaciones financieras, firma de contratos relevantes o procesos de inversión.

2. Riesgos contractuales

Los contratos son uno de los principales focos de exposición legal. Muchas empresas operan con modelos contractuales genéricos o desactualizados frente a cambios normativos.

Contingencias frecuentes:

• Contratos sin cláusulas de protección adecuadas, como limitación de responsabilidad, penalidades claras, resolución anticipada o confidencialidad.

• Falta de cláusulas de cumplimiento normativo (compliance, anticorrupción, protección de datos).

• Desactualización frente a cambios regulatorios, especialmente en materia tributaria o laboral.

• Ambigüedad en obligaciones, plazos o mecanismos de solución de controversias.

• Exposición a penalidades desproporcionadas o litigios prolongados.

Un contrato mal estructurado puede generar contingencias económicas superiores al beneficio original de la operación.

3. Riesgos tributarios

En Perú, el riesgo tributario es especialmente sensible debido al fortalecimiento de los mecanismos de control electrónico por parte de la SUNAT y la evolución constante de criterios del Tribunal Fiscal.

Principales focos de riesgo:

• Interpretaciones agresivas sin sustento técnico documentado, particularmente en gastos deducibles, precios de transferencia o beneficios tributarios.

• Inconsistencias entre declaraciones (PDT), libros electrónicos y estados financieros.

• Deficiencias en el sustento documental de operaciones (contratos, informes, medios probatorios).

• Errores en aplicación de detracciones, percepciones o retenciones.

• Falta de provisión contable de contingencias identificadas.

Estos riesgos pueden derivar en reparos, multas e intereses, afectando directamente la rentabilidad y liquidez de la empresa.

4. Riesgos laborales

El ámbito laboral continúa siendo una de las principales fuentes de contingencias en empresas medianas y grandes.

Situaciones recurrentes:

• Contrataciones mal estructuradas, uso inadecuado de contratos sujetos a modalidad o tercerización.

• Beneficios sociales mal calculados (CTS, gratificaciones, vacaciones).

• Deficiencias en el registro y control de jornada laboral.

• Incumplimiento de obligaciones formales ante SUNAFIL.

• Políticas internas no alineadas con la normativa vigente.

Una fiscalización laboral puede generar multas significativas, contingencias judiciales y daño reputacional.

Una auditoría legal permite evaluar estos puntos bajo una metodología estructurada, priorizando riesgos según su impacto financiero, reputacional y regulatorio.

¿En qué consiste una auditoría legal periódica?

Una auditoría legal periódica no se limita a una revisión documental superficial. Se trata de un análisis técnico, sistemático y orientado a la gestión de riesgos.

Generalmente comprende las siguientes etapas:

Revisión societaria

Incluye el análisis de:

• Estatutos y modificaciones inscritas.

• Actas de junta y directorio.

• Vigencia y alcance de poderes.

• Cumplimiento de formalidades registrales.

• Coherencia entre estructura accionaria y documentación legal.

El objetivo es asegurar que las decisiones corporativas estén debidamente sustentadas y formalizadas.

Evaluación contractual

Se revisan contratos con:

• Proveedores estratégicos

• Clientes relevantes

• Socios comerciales

• Clave personal

• Entidades financieras

Se evalúan cláusulas críticas, asignación de riesgos, cumplimiento normativo y coherencia con la operativa real de la empresa.

Análisis tributario y regulatorio

Se identifican riesgos frente a:

• CIRCUNCISIÓN

• SUNAFIL

• Entidades sectoriales regulatorias

Se revisan criterios adoptados, sustento técnico, contingencias abiertas y exposición a fiscalizaciones futuras.

Este análisis permite anticipar observaciones y ajustar prácticas antes de una revisión formal.

Evaluación de cumplimiento normativo

Incluye la revisión de:

• Políticas internas y manuales.

• Protocolos de cumplimiento.

• Sistemas de control interno.

• Obligaciones administrativas vigentes.

• Cumplimiento sectorial específico.

Este componente fortalece la cultura de compliance y el gobierno corporativo.

Informe de hallazgos y plan de acción

La auditoría legal culmina con un informe técnico que:

• Clasifica contingencias en riesgo alto, medio o bajo.

• Estima impacto potencial.

• Recomienda medidas correctivas.

• Define prioridades y plazos de implementación.

Este enfoque permite que la gerencia tome decisiones informadas y gestione provisiones contables cuando corresponda.

Valor estratégico para la gestión

Más allá del cumplimiento formal, una auditoría legal periódica:

• Mejora la trazabilidad documental.

• Reduce incertidumbre en estados financieros.

• Facilita procesos de inversión o financiamiento.

• Refuerza el sistema de control interno.

• Fortalece el gobierno corporativo.

En un entorno regulatorio cada vez más exigente, la prevención no solo reduce sanciones, sino que protege la sostenibilidad y estabilidad de la empresa.

Beneficios estratégicos para gerentes y CFO

Desde una perspectiva financiera y estratégica, la auditoría legal aporta:

• Mayor previsibilidad en provisiones contables

• Reducción de riesgos en estados financieros

• Mejora en procesos de inversión o venta de empresa

• Mayor transparencia ante directorio o accionistas

• Preparación ante procesos de due diligence

En empresas que buscan financiamiento o inversionistas, contar con revisiones legales periódicas reduce observaciones durante el análisis externo.

Además, fortalece el sistema de control interno y la cultura de cumplimiento.

¿Cada cuánto realizar una auditoría legal?

Dependerá del tamaño y complejidad de la empresa, pero como referencia:

• Empresas medianas: revisión anual

• Empresas con alta regulación: revisión semestral

• Antes de fusiones, adquisiciones o expansión internacional

No debe esperarse una fiscalización o demanda para revisar el estado legal de la organización.

Recomendaciones prácticas

Para implementar una gestión preventiva:

1. Establecer un calendario anual de revisión legal.

2. Integrar la auditoría legal con auditoría financiera y tributaria.

3. Documentar adecuadamente decisiones societarias.

4. Actualizar contratos frente a cambios normativos.

5. Evaluar periódicamente riesgos legales emergentes.

La prevención es menos costosa que la defensa posterior.

Conclusión

La auditoría legal es una herramienta estratégica para prevenir contingencias legales, fortalecer el cumplimiento normativo y proteger la sostenibilidad empresarial.

En el contexto regulatorio peruano, donde las entidades fiscalizadoras han incrementado la supervisión y digitalización de controles, contar con revisiones periódicas no solo reduce riesgos, sino que mejora la calidad del gobierno corporativo y la toma de decisiones financieras.

¿Tu empresa ha evaluado recientemente sus riesgos legales?

Consulta con nuestra área de Tax & Legal y realiza una auditoría legal preventiva que te permita anticipar contingencias y fortalecer tu gestión empresarial.

La defensa tributaria no comienza cuando la SUNAT notifica una fiscalización. Inicia mucho antes, con una adecuada preparación documental que permita sustentar operaciones, criterios contables y decisiones tributarias.

En el contexto peruano, donde la SUNAT ha fortalecido el control digital y la trazabilidad de operaciones electrónicas, las empresas deben asumir que cualquier inconsistencia documental puede convertirse en una contingencia tributaria relevante.

Una estrategia sólida de defensa tributaria se basa en tres pilares:

• Documentación organizada y accesible

• Sustento técnico-legal de las operaciones

• Coherencia entre contabilidad, declaraciones y contratos

Sin estos elementos, la posición de la empresa frente a la Administración Tributaria se debilita considerablemente.

Fiscalización SUNAT: riesgos de una documentación deficiente

Durante un proceso de fiscalización SUNAT, la carga de la prueba recae en el contribuyente. Es la empresa quien debe demostrar la realidad de sus operaciones.

Entre los principales riesgos de una preparación documental inadecuada se encuentran:

• Reparos por gastos no fehacientes

• Desconocimiento del crédito fiscal

• Ajustes por precios de transferencia

• Multas por infracciones formales

• Determinaciones de deuda con intereses moratorios

La falta de contratos, órdenes de servicio, informes técnicos, sustento bancario o evidencia de la prestación efectiva del servicio suele ser uno de los puntos más observados por la Administración Tributaria.

Según la propia SUNAT, la documentación debe permitir verificar la realidad económica de las operaciones declaradas. No basta con contar con un comprobante de pago válido; se requiere sustento integral.

Elementos esenciales del sustento documental

Para fortalecer la defensa tributaria, la empresa debe revisar periódicamente que su documentación cumpla con criterios de coherencia y trazabilidad.

1. Contratos formales y actualizados

Los contratos deben reflejar la realidad económica de la operación y no limitarse a ser documentos formales suscritos para efectos administrativos. Es importante que detallen con claridad:

• Objeto del servicio o suministro

• Alcance específico de las prestaciones

• Plazos de ejecución

• Condiciones de pago

• Responsabilidades de las partes

• Penalidades o cláusulas resolutorias

En una fiscalización SUNAT, la Administración evalúa si el contrato guarda coherencia con la operación registrada contablemente y con los comprobantes emitidos. Contratos genéricos, desactualizados o que no describen adecuadamente el servicio pueden debilitar la defensa tributaria, especialmente en gastos por servicios especializados, asesorías o operaciones intragrupo.

2. Evidencia de prestación efectiva

Contar con un contrato y un comprobante de pago no es suficiente. La SUNAT suele exigir que se acredite la efectiva prestación del servicio.

Para ello, resulta recomendable conservar:

• Informes técnicos o reportes de avance

• Correos electrónicos vinculados a la ejecución

• Entregables digitales o físicos

• Actas de conformidad

• Documentación de soporte operativo

La ausencia de evidencia concreta puede dar lugar al cuestionamiento de la fehaciencia del gasto o del crédito fiscal del IGV, generando reparos y contingencias tributarias relevantes.

3. Sustento financiero

El componente financiero debe ser coherente con la operación declarada. Esto implica que los pagos estén debidamente bancarizados cuando la normativa lo exige, y que exista trazabilidad entre:

• Contrato

• Comprobante de pago

• Registro contable

• Movimiento bancario

Inconsistencias entre montos facturados y montos efectivamente pagados, o la ausencia de sustento bancario, pueden generar observaciones en un procedimiento tributario. La trazabilidad financiera es un elemento clave dentro de una defensa tributaria sólida.

4. Consistencia contable y tributaria

La información declarada en PDT, libros electrónicos, declaraciones juradas y estados financieros debe guardar absoluta coherencia con el sustento documental disponible.

La SUNAT cruza información digitalmente y detecta diferencias entre:

• Registro de compras y ventas

• Declaraciones mensuales y anuales

• Estados financieros

• Operaciones con terceros

Cualquier desalineación puede ser interpretada como inconsistencia material o incluso como indicio de infracción. Por ello, la revisión preventiva y periódica de la información declarada es parte esencial de una adecuada estrategia de defensa tributaria.

La falta de alineación entre contratos, evidencia operativa, sustento financiero y consistencia contable constituye uno de los principales detonantes de contingencias tributarias en procesos de fiscalización SUNAT.

Una empresa que integra estos cuatro elementos dentro de su gestión interna reduce significativamente su exposición a reparos y fortalece su posición frente a la Administración Tributaria y, de ser necesario, ante el Tribunal Fiscal.

Estrategia preventiva vs. reacción ante contingencias tributarias

Muchas empresas recién evalúan su documentación cuando reciben una notificación de SUNAT. Sin embargo, una estrategia preventiva reduce significativamente riesgos y costos.

Enfoque reactivo:

• Revisión apresurada de información

• Documentación incompleta

• Mayor probabilidad de reparos

Enfoque preventivo:

• Auditorías internas periódicas

• Identificación anticipada de riesgos

• Corrección voluntaria antes de fiscalización

Una revisión preventiva permite detectar debilidades en el sustento documental y ajustar criterios antes de que se conviertan en observaciones formales dentro del procedimiento tributario.

Rol del Tribunal Fiscal en el procedimiento tributario

Cuando una controversia no se resuelve en la etapa de fiscalización o reclamación, el caso puede escalar al Tribunal Fiscal.

En esta instancia, la defensa tributaria debe estar respaldada por:

• Argumentación técnica sólida

• Un claro respaldo normativo

• Jurisprudencia aplicable

• Evidencia documental consistente

El Tribunal Fiscal evalúa tanto aspectos formales como sustanciales. Una documentación deficiente limita la capacidad de sostener una posición jurídica favorable.

Puede consultarse jurisprudencia relevante en el portal del Ministerio de Economía y Finanzas, donde se publican resoluciones del Tribunal Fiscal.

Buenas prácticas para fortalecer la defensa tributaria

A continuación, algunas recomendaciones prácticas para empresas en Perú:

Implementar revisiones tributarias preventivas

Evaluar periódicamente operaciones sensibles como:

• Servicios intragrupo

• Operaciones con no domiciliados

• Gastos de representación

• Detracciones y percepciones

Documentar criterios tributarios relevantes

Si la empresa adopta una interpretación específica de una norma, debe contar con sustento técnico que la respalde.

Centralizar la gestión documental

Contar con repositorios digitales ordenados facilita responder oportunamente ante requerimientos de SUNAT.

Capacitar a las áreas operativas

La defensa tributaria no es solo responsabilidad del área contable o legal. Las áreas comerciales, financieras y administrativas deben comprender la importancia del sustento documental.

Recursos visuales sugeridos

1. Gráfico: Flujo del procedimiento tributario (Fiscalización → Reclamación → Apelación → Tribunal Fiscal).

2. Checklist visual descargable: Documentación mínima para sustentar gastos y crédito fiscal.

Conclusiones

La defensa tributaria efectiva no depende únicamente de la capacidad de respuesta frente a la SUNAT, sino de la preparación previa de la empresa.

En un entorno de mayor fiscalización digital y control automatizado, la prevención se convierte en una herramienta estratégica. La correcta preparación documental permite:

• Reducir contingencias tributarias

• Fortalecer la posición jurídica del contribuyente

• Disminuir costos asociados a reparos y multas

• Mejorar la gobernanza corporativa

Las empresas que integran la gestión documental dentro de su estrategia tributaria se encuentran mejor preparadas para enfrentar cualquier procedimiento tributario con solidez técnica y legal.

¿Tu empresa está preparada ante una eventual fiscalización?

Consulta con nuestra área de Tax & Legal y fortalece tu estrategia de defensa tributaria con un enfoque preventivo y especializado.

Para gerentes y CFO, la auditoría financiera representa una oportunidad para validar la calidad de la gestión financiera, fortalecer el control interno y detectar áreas de mejora antes de que se conviertan en contingencias relevantes.

Cuando la empresa mantiene orden documental y procesos estructurados, el proceso de auditoría se transforma en una herramienta de gestión, no en una fuente de tensión operativa.

¿Por qué el orden documental impacta en la eficiencia?

El orden en la documentación contable es uno de los factores que más influye en la duración, costo y resultados de una auditoría financiera.

Un entorno documental desorganizado genera:

• Requerimientos adicionales de información.

• Reprocesos contables.

• Incremento de horas hombre.

• Ajustes de última hora en los estados financieros.

Por el contrario, cuando los soportes están completos, actualizados y correctamente archivados, el proceso de auditoría fluye con mayor rapidez y menor nivel de observaciones.

El orden documental implica:

• Contratos debidamente formalizados.

• Sustento de operaciones relevantes.

• Conciliaciones bancarias actualizadas.

• Actas societarias disponibles.

• Políticas contables documentadas.

La trazabilidad de cada registro contable es clave para demostrar consistencia y transparencia.

Control interno: eje central del proceso de auditoría

La auditoría financiera evalúa no solo cifras, sino también el entorno de control.

Un sistema sólido de control interno reduce el riesgo de errores materiales y fortalece la confiabilidad de los estados financieros. Entre los aspectos críticos se encuentran:

• Segregación de funciones.

• Autorizaciones formales.

• Procedimientos documentados.

• Revisiones periódicas.

• Evaluación de riesgos financieros.

Cuando el control interno es débil, el auditor incrementa pruebas sustantivas, lo que impacta directamente en el tiempo y costo del proceso.

Una empresa con controles adecuados suele enfrentar menos ajustes contables y menor probabilidad de observaciones significativas.

Principales riesgos derivados de una mala preparación

La falta de preparación para una auditoría financiera puede generar efectos más amplios de lo que se anticipa.

1. Ajustes relevantes en estados financieros

Errores acumulados durante el ejercicio pueden derivar en reclasificaciones o provisiones no previstas.

2. Retrasos en la emisión del informe

Esto puede afectar cronogramas de directorio, presentación a inversionistas o requerimientos bancarios.

3. Riesgos tributarios indirectos

En el contexto peruano, inconsistencias contables pueden impactar el cumplimiento tributario, especialmente frente a revisiones de SUNAT.

La información contable es base para declaraciones fiscales. Cualquier diferencia relevante podría derivar en observaciones posteriores.

Puedes revisar información oficial sobre obligaciones tributarias en el portal de SUNAT

Buenas prácticas para optimizar la auditoría financiera

Optimizar la auditoría financiera requiere planificación anticipada. Algunas recomendaciones prácticas:

Cierre contable mensual disciplinado

Evita acumulación de errores al final del ejercicio.

Conciliaciones periódicas

Bancos, cuentas por cobrar, cuentas por pagar y tributos deben mantenerse conciliados de forma continua.

Evaluación previa de contingencias

Revisar provisiones laborales, tributarias y contractuales antes del cierre anual.

Formalización de políticas contables

Las políticas deben alinearse con las NIIF cuando corresponda. Información técnica puede consultarse en el sitio oficial del IFRS Foundation.

Reunión preliminar con el auditor

Una sesión de planificación permite identificar áreas críticas y definir cronogramas realistas.

Si deseas fortalecer tu preparación, puedes revisar nuestros servicios de Auditoría para una evaluación especializada.

Rol del CFO y la gerencia en la preparación

La auditoría financiera no es responsabilidad exclusiva del área contable.

El CFO y la gerencia deben:

• Supervisar la calidad de la información financiera.

• Evaluar riesgos estratégicos.

• Garantizar recursos adecuados.

• Promover cultura de control interno.

La eficiencia en el proceso de auditoría depende del compromiso organizacional, no solo técnico.

Auditoría financiera y cumplimiento tributario en Perú

En Perú, la información financiera tiene impacto directo en obligaciones tributarias. Una auditoría financiera ordenada contribuye a:

• Reducir inconsistencias frente a SUNAT.

• Sustentar posiciones contables.

• Documentar criterios aplicados.

• Fortalecer defensa ante eventuales fiscalizaciones.

Si bien la auditoría financiera no sustituye una fiscalización tributaria, sí mejora la calidad de la base contable sobre la cual se determinan los tributos.

Conclusiones

La auditoría financiera eficiente es el resultado de una gestión ordenada durante todo el ejercicio.

El orden documental, el control interno sólido y la planificación anticipada permiten:

• Reducir tiempos y costos.

• Minimizar ajustes inesperados.

• Fortalecer la credibilidad financiera.

• Mejorar la toma de decisiones estratégicas.

Para gerentes y CFO, la auditoría financiera debe verse como un proceso preventivo y estratégico, no como una revisión correctiva de último momento.

¿Tu empresa está preparada para afrontar una auditoría financiera con eficiencia y control?

Consulta con nuestra área de Auditoría y recibe una evaluación especializada para fortalecer tu gestión financiera y reducir riesgos.

La revisión laboral preventiva es un análisis integral del cumplimiento de las obligaciones laborales de una empresa, orientado a identificar riesgos legales, contingencias económicas y debilidades documentarias antes de que se produzca un conflicto con trabajadores o una fiscalización por parte de SUNAFIL.

Este proceso evalúa aspectos como contratos de trabajo, planillas, beneficios sociales, jornada laboral, políticas internas y el cumplimiento de la normativa laboral vigente en el Perú.

¿Por qué no esperar a un conflicto laboral?

Muchas empresas recién revisan su situación laboral cuando enfrentan una demanda judicial, una inspección de SUNAFIL o un reclamo colectivo. En ese punto, el margen de acción es limitado y las contingencias ya se han materializado.

Esperar a un conflicto implica asumir riesgos como:

• Multas administrativas importantes.

• Pago de beneficios no previstos o mal calculados.

• Costos legales y reputacionales.

• Interrupciones en la operación del negocio.

Una revisión laboral preventiva permite anticiparse a estos escenarios y tomar decisiones correctivas a tiempo.

Principales riesgos laborales en las empresas

En la práctica, las contingencias laborales más frecuentes suelen estar relacionadas con:

• Contratos obsoletos o mal calificados.

• Uso indebido de contratos sujetos a modalidad.

• Errores en el pago de horas extras y beneficios sociales.

• Incumplimientos en seguridad y salud en el trabajo.

• Falta de políticas internas o reglamentos exigidos por ley.

Estos puntos suelen ser observados con especial atención durante una fiscalización laboral de SUNAFIL.

Revisión laboral vs. fiscalización de SUNAFIL

La diferencia clave radica en el control del riesgo.
Mientras que la fiscalización de SUNAFIL es un procedimiento reactivo, con plazos y sanciones definidos por la autoridad, la revisión laboral preventiva es voluntaria y estratégica.

Realizar una auditoría laboral interna permite corregir observaciones antes de que la autoridad las detecte y reduzca significativamente la exposición a sanciones.

¿Cuándo es recomendable realizar una revisión laboral preventiva?

No es necesario esperar una señal de alerta. Se recomienda realizar una revisión laboral preventiva cuando:

• La empresa ha crecido o cambiado su estructura organizacional.

• Se han modificado esquemas de contratación o remuneración.

• Existen antecedentes de fiscalizaciones o reclamos laborales.

• Se planea una reorganización, venta o due diligence.

En estos escenarios, la revisión laboral se convierte en una herramienta de gestión y no solo de cumplimiento.

Beneficios de una revisión laboral preventiva

Entre los principales beneficios se encuentran:

• Identificación temprana de contingencias laborales.

• Reducción del riesgo de multas y sanciones.

• Mejora en la gestión de recursos humanos.

• Mayor seguridad jurídica para la empresa y sus directivos.

Además, fortalece la posición de la empresa ante eventuales inspecciones o procesos judiciales.

Buenas prácticas para una gestión laboral preventiva

Algunas recomendaciones clave incluyen:

• Mantener contratos y políticas laborales actualizadas.

• Revisar periódicamente la planilla y beneficios sociales.

• Capacitar al área de RR.HH. en normativa laboral vigente.

• Contar con asesoría especializada en materia laboral.

Una revisión laboral preventiva periódica debe formar parte de la estrategia de cumplimiento corporativo.

Consecuencias de no realizar una revisión laboral preventiva

No realizar una revisión laboral preventiva expone a la empresa a contingencias que suelen materializarse en el peor momento: durante una fiscalización de SUNAFIL o ante un conflicto laboral individual o colectivo. En estos escenarios, la falta de documentación adecuada o errores en la aplicación de la normativa laboral pueden generar multas significativas, órdenes de subsanación y procesos judiciales prolongados.

Además del impacto económico, estas situaciones afectan la reputación de la empresa y la relación con sus trabajadores, generando un clima de incertidumbre interna. Desde una perspectiva de gestión, reaccionar ante un conflicto resulta siempre más costoso que implementar controles preventivos. Por ello, incorporar revisiones laborales periódicas permite a la empresa anticiparse a los riesgos y fortalecer su cumplimiento normativo de manera sostenible.

Para una correcta evaluación de riesgos y cumplimiento normativo, es recomendable contar con asesoría laboral especializada, que permita identificar contingencias y aplicar medidas correctivas oportunas.

Conclusión

La revisión laboral preventiva no debe verse como un gasto, sino como una inversión en estabilidad y continuidad del negocio. Anticiparse a los riesgos laborales permite a las empresas operar con mayor tranquilidad y enfocarse en su crecimiento, evitando conflictos innecesarios y sanciones costosas.

En la mayoría de casos, el problema no radica en la interpretación de la norma, sino en la insuficiencia de medios probatorios para acreditar la verdadera naturaleza de la operación. En este contexto, el Informe SUNAT N.º 042-2014 y la RTF N.º 11379-3-2025 permiten entender cómo el análisis normativo puede verse condicionado por la prueba aportada por el contribuyente.

El concepto de regalías por software en el Impuesto a la Renta

La Ley del Impuesto a la Renta adopta un concepto amplio de regalías por software, priorizando el contenido económico de la operación sobre su forma contractual. Bajo este enfoque, se considera regalía toda contraprestación por el uso o privilegio de uso de derechos de autor, incluyendo programas de computación.

No obstante, el Reglamento introduce una precisión clave: solo existe regalía cuando hay una cesión temporal de derechos patrimoniales que permita la explotación económica del software. En ausencia de dicha cesión, los pagos no califican como regalías para efectos tributarios.

El criterio administrativo: Informe SUNAT N.° 042-2014

El Informe SUNAT N.° 042-2014 analiza el caso de empresas peruanas que adquieren software estándar de proveedores no domiciliados, junto con licencias de uso para usuario final, con fines de reventa.

SUNAT señala que la protección del Derecho de Autor recae sobre la obra intelectual y no sobre la copia o soporte que la contiene. En ese sentido, la adquisición de una copia de software no implica, por sí sola, la transferencia de derechos patrimoniales.

La licencia de uso para usuario final se limita a autorizar el uso del software bajo determinadas condiciones, sin conferir derechos de reproducción, distribución o explotación económica. Por tanto, al no existir cesión de derechos patrimoniales, los pagos efectuados no constituyen regalías para efectos del Impuesto a la Renta.

El enfoque del Tribunal Fiscal: RTF N.º 11379-3-2025

La RTF N.º 11379-3-2025 no contradice el criterio normativo de SUNAT, pero enfatiza el análisis de los hechos acreditados. El Tribunal Fiscal evalúa si el contribuyente logró demostrar que los pagos corresponden efectivamente a la adquisición de copias de software y que no existía cesión de derechos patrimoniales.

Ante la ausencia de contratos claros, cláusulas específicas o documentación suficiente sobre el alcance de los derechos transferidos, el Tribunal concluye que SUNAT se encontraba facultada para recalificar la operación, confirmando el reparo.

La resolución subraya que la denominación contractual o contable no es determinante; lo relevante es la realidad económica debidamente probada.

En este tipo de fiscalizaciones, SUNAT suele evaluar si los pagos calificados como adquisición de software encubren, en realidad, regalías por software no declaradas.

¿Criterios contradictorios? Una lectura integrada

Leídos de forma conjunta, el Informe SUNAT N.º 042-2014 y la RTF N.º 11379-3-2025 no resultan contradictorios. Ambos parten de la misma premisa: no todo pago por software constituye regalía.

La diferencia radica en el plano probatorio. El criterio normativo sólo resulta aplicable cuando el contribuyente acredita, de manera clara y suficiente, que no existe cesión de derechos patrimoniales. En caso contrario, la Administración Tributaria puede apartarse legítimamente de la calificación propuesta.

Implicancias prácticas para las empresas

Estos pronunciamientos evidencian que el principal riesgo en operaciones de software con no domiciliados no está en la norma, sino en la deficiente estructuración contractual y documental.

Contratos genéricos, falta de precisión sobre los derechos otorgados o ausencia de evidencia que respalde la reventa de copias pueden derivar en reparaciones por regalías o por servicios gravados. Por ello, la prevención comienza en el diseño contractual y en la generación de documentación que sustente adecuadamente la operación.

Conclusión: la prueba como eje de la defensa tributaria

En materia de regalías por software, contar con un criterio jurídico favorable no es suficiente si no se dispone de medios probatorios adecuados. El Derecho Tributario se aplica sobre hechos demostrados, no sobre calificaciones formales.

En un contexto de fiscalización cada vez más exigente, la diferencia entre un reparo levantado y uno confirmado suele estar en la calidad de la documentación. En operaciones de software, la prueba es el elemento que define el resultado.

En Ecovis Perú, acompañamos a las empresas en el análisis tributario y contractual de operaciones de software con no domiciliados, con especial énfasis en la identificación y prevención de riesgos por regalías. Desde nuestra área de Tax & Legal, apoyamos en la revisión de contratos y en la preparación de sustento técnico y probatorio que permita afrontar adecuadamente fiscalizaciones de SUNAT.

Prácticas que hasta hace poco se abordaban como infracciones administrativas hoy pueden generar riesgos penales directos para empresas, gerentes, directores y responsables financieros.

1. Contexto normativo y control tributario digital

La SUNAT ha intensificado el uso de herramientas digitales orientadas a la trazabilidad de operaciones, validación de comprobantes electrónicos y control automatizado del cumplimiento tributario.

El D. Leg. N.° 716 se alinea con esta estrategia, trasladando determinados incumplimientos desde el ámbito administrativo hacia el penal, bajo un enfoque de prevención y disuasión.

Implicancia clave: errores u omisiones en procesos digitalizados pueden hoy activar responsabilidad penal, incluso sin perjuicio económico acreditado.

2. Compliance tributario digital y facturación electrónica

La facturación electrónica deja de ser un proceso meramente operativo y pasa a ser un punto crítico de control penal.

El enfoque de compliance tributario digital exige asegurar:

• Consistencia entre información registral y operativa.

• Trazabilidad real de operaciones.

• Coherencia entre actividad declarada y comprobantes emitidos.

3. Información falsa en el RUC como delito penal

Ampliación del artículo 5-A de la Ley Penal Tributaria

Se sanciona con pena privativa de libertad de 2 a 5 años a quien proporcione información falsa en el RUC con la finalidad de habilitarse para emitir comprobantes de pago electrónicos.

Supuestos de riesgo frecuentes

• Declaración de domicilios inexistentes o no habidos.

• Registro de actividades económicas distintas a las realmente desarrolladas, para sustentar operaciones simuladas.

Punto crítico:
No se exige daño tributario efectivo. Basta la finalidad de habilitación para que el delito se configure.

4. Nuevo delito penal vinculado a detracciones (SPOT)

Incorporación del artículo 5-E

El D. Leg. N.° 716 incorpora un nuevo tipo penal que sanciona con penas de 5 a 8 años a quien:

• Falsifique o adultere constancias de depósito del SPOT.

• Presente dichas constancias ante la SUNAT sin que el depósito se haya realizado.

Esta norma penaliza expresamente la simulación del cumplimiento de detracciones para sustentar gasto o crédito fiscal.

Alerta penal:
La sola presentación de la constancia falsa configura el delito, aun sin fiscalización concluida ni perjuicio acreditado.

5. Inicio de investigaciones penales: menor barrera probatoria

Requisito de procedibilidad

Para los delitos previstos en los artículos 5-A, 5-B, 5-C y 5-E, será suficiente un informe de hechos de la SUNAT, sin necesidad de informe técnico previo.

Impacto práctico

• Inicio más rápido de investigaciones penales.

• Menor margen para regularizaciones administrativas.

• Mayor exposición de directivos y responsables financieros.

6. Riesgos penales para empresas y directivos

El nuevo enfoque normativo amplía la responsabilidad penal hacia:

• Gerentes generales y directores.

• CFO, responsables contables y tributarios.

• Empresas usuarias de facturación electrónica y SPOT.

La frontera entre infracción administrativa y delito penal se ha reducido de forma significativa.

7. Recomendaciones de compliance tributario digital – ECOVIS

Ante este escenario, se recomienda:

• Verificar la veracidad del RUC, domicilio fiscal y actividad económica.

• Reforzar controles internos sobre emisión y validación de comprobantes electrónicos.

• Auditar periódicamente procesos de detracciones (SPOT).

• Implementar o actualizar programas de compliance tributario y penal, con enfoque preventivo y responsabilidad directiva.

El compliance tributario digital debe integrar aspectos legales, fiscales, operativos y de gobierno corporativo.

8. Conclusión

El D. Leg. N.° 716 marca un punto de inflexión en la gestión tributaria empresarial en el Perú. La digitalización del control tributario viene acompañada de una mayor exposición penal, obligando a las empresas a revisar sus modelos de cumplimiento.

La prevención deja de ser opcional y se convierte en una decisión estratégica de gestión.

Para mayor información puedes visitar nuestro sitio web: Ecovis Informativo

Mediante la Sentencia recaída en el Expediente No. 4068-2023-PA/TC (emitida el 20 de enero de 2026), el Tribunal ha establecido criterios relevantes que reducen riesgos contingentes y fortalecen la posición defensiva de los contribuyentes frente a deudas antiguas y fiscalizaciones prolongadas.

El fallo delimita con claridad hasta dónde puede llegar la Administración Aduanera en materia de prescripción de deudas aduaneras, fijando límites a la utilización de actos administrativos inválidos y descartando la aplicación retroactiva de normas más gravosas.

¿Qué ha dicho el Tribunal Constitucional?

En términos ejecutivos, el Tribunal ha fijado tres reglas centrales sobre la prescripción aduanera:

1. Actos nulos no interrumpen ni suspenden la prescripción

La Administración no puede sostener que el plazo de prescripción se interrumpe o se suspenda sobre la base de actos administrativos posteriormente declarados nulos. Reconocer efectos a actos inválidos vulnera principios básicos del Derecho Administrativo y afecta la seguridad jurídica.

Este criterio refuerza la protección de los contribuyentes frente a intentos de extender artificialmente la vigencia de deudas antiguas.

2. No es válida la aplicación retroactiva del Decreto Legislativo No. 1433

Si la prescripción ya se consumó conforme al régimen original del artículo 155 de la Ley General de Aduanas, no corresponde aplicar el nuevo régimen secuencial introducido por el Decreto Legislativo No. 1433.

La prescripción constituye una situación jurídica perfeccionada que no puede alterarse retroactivamente.

3. El régimen anterior del artículo 155 de la Ley General de Aduanas es constitucionalmente razonable

El Tribunal reconoce que el sistema de cómputo conjunto del plazo de prescripción no era arbitrario, pues obligaba a la Aduana a fiscalizar, determinar y cobrar dentro de un plazo razonable, evitando contingencias indefinidas para los contribuyentes.

Este reconocimiento reafirma que la prescripción de deudas aduaneras es un límite legítimo al poder del Estado.

Contexto normativo en breve

Régimen original del artículo 155 de la Ley General de Aduanas
El plazo de prescripción de las facultades de determinación, sanción y cobro se computaba de manera conjunta.

Decreto Legislativo No. 1433 (2018)
Introduce un cómputo secuencial y amplía la actuación administrativa.

Criterio del Tribunal Constitucional
El nuevo régimen no puede aplicarse a períodos ya prescritos bajo las reglas anteriores.

Para mayor información institucional puede consultarse el sitio del Tribunal Constitucional del Perú.

Impacto práctico para las empresas

Este pronunciamiento tiene implicancias directas para la toma de decisiones empresariales:

• Reduce contingencias por deudas antiguas que la Administración pretende mantener vigentes invocando actos inválidos o criterios extensivos.

• Fortalece la defensa en fiscalizaciones y litigios en curso, especialmente en procedimientos aduaneros de larga data.

• Mejora la predictibilidad jurídica, al reafirmar que los plazos de prescripción son límites reales y efectivos al poder de la Administración.

• Refuerza la planificación de riesgos, permitiendo una mejor evaluación de provisiones y exposiciones tributarias.

Conclusión ejecutiva

El Tribunal Constitucional confirma que la potestad fiscalizadora del Estado no es ilimitada en el tiempo.

La prescripción de deudas aduaneras opera como una garantía real para los contribuyentes y no puede desnaturalizarse mediante actos nulos ni aplicación retroactiva de normas más gravosas.

Este criterio representa un avance relevante en materia de seguridad jurídica y debe considerarse prioritario en la gestión de riesgos tributario-aduaneros empresariales.

El precedente establece un punto de referencia para futuras fiscalizaciones y litigios en materia aduanera. Las empresas deberían revisar su situación tributaria histórica a la luz de este criterio, especialmente en procedimientos de larga duración donde la prescripción de deudas aduaneras pueda resultar determinante.

Puede revisar otros análisis legales y tributarios en la sección de informativos de Ecovis.