El Tribunal Constitucional, por medio de la Sentencia N° 934-2020, ha decidido pronunciarse respecto de la obligación laboral de renovar contrato a las trabajadoras gestantes o en periodo de lactancia.

 

La mencionada sentencia trata sobre el caso de una trabajadora cuyo contrato administrativo de servicios (CAS) no fue renovado a su vencimiento, pese a que se encontraba en periodo de lactancia.

Para lo cual, el Tribunal Constitucional al analizar el presente caso ha señalado que conforme al artículo 23° de nuestra Constitución Política, la madre trabajadora tiene derecho a protección especial durante su estado de embarazo, que se extiende al pre y post – natal, incluyendo 12 meses del periodo de lactancia fijado por ley.

Asimismo, reiteró que el Art. 29 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, establece que es nulo el despido que tenga por motivo, entre otros, el embarazo, el nacimiento o la lactancia.

Por lo que, si el despido se produce en cualquier momento del periodo de gestación o dentro de los 90 días posteriores al parto (actualmente el pre y post – natal es de 98 días), se presume que el despido tiene por motivo el embarazo, el nacimiento y sus consecuencias o la lactancia, siempre que el empleador no acredita en estos casos la existencia de causa justa para el despido, esto es, que la trabajadora haya cometido falta grave.

Asimismo, el Tribunal Constitucional precisó que la Ley N° 30709, Ley que prohíbe la discriminación remunerativa entre varones y mujeres en los centros de trabajo, prohíbe expresamente el despido o la no renovación del contrato de trabajo por motivos vinculados con la condición del embarazo o el periodo de lactancia.

 

Por tales motivos, el Tribunal Constitucional consideró que el cese de cualquier trabajadora, entendido como despido, terminación o no renovación del contrato de trabajo de una mujer embarazada o dentro del periodo de lactancia (12 meses posteriores al parto), se deberá de considerar como despido nulo, con derecho a reposición al centro de trabajo, salvo que el empleador demuestre que la trabajadora ha incurrido en falta grave prevista en la Ley.

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