El 14 de agosto de 2020, se ha publicado en el Diario Oficial El Peruano la Resolución del Tribunal Fiscal N° 03336-A-2020 como jurisprudencia de observancia obligatoria donde se establece que para atribuir responsabilidad administrativa por el supuesto contemplado en el literal d) del artículo 2 sobre modalidades de contrabando de la Ley N° 28008.

Ley de los Delitos Aduaneros, que señala: “d. Conducir en cualquier medio de transporte, hacer circular dentro del territorio nacional, embarcar, desembarcar o transbordar mercancías, sin haber sido sometidas al ejercicio de control aduanero.” se requiere la verificación de tres presupuestos.

CASO
  • Con fecha 22/02/2015 durante un operativo en la Carretera Panamericana a la altura del Puesto de Control Interno denominado Montalvo del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa) situado en el Departamento de Moquegua, personal de la Intendencia de Aduana de Ilo intervino al vehículo, procedente del Departamento de Lima con destino al Departamento de Tacna, encontrando en la bodega del vehículo mercancías de procedencia extranjera, consistente en “polos deportivos”, de la marca Adidas (marca extranjera) que no contaban con la documentación sustentatoria que ampare su procedencia legal y libre tránsito por el territorio nacional. Por lo que, se procedió con la incautación, con la imposición de una multa equivalente al doble de tributos dejados de pagar e internamiento temporal del vehículo por el periodo de sesenta días calendarios.
  • Se procedió a presentar Recurso de Reclamación en contra de los artículos Cuarto y Quinto de la Resolución de División N°1633M0500/2018 que sanciona a la recurrente con una multa equivalente al doble de tributos dejados de pagar e internamiento temporal del vehículo, sin embargo, dicho recurso fue declarado infundado.

Finalmente, se procede a presentar Recurso de Apelación en contra de la Resolución Intendencia N° 1633M0000/2019 que declara infundada el recurso de reclamación, con la finalidad que se verifique si las sanciones de multa e internamiento temporal de vehículo impuestas a la recurrente se encuentran arregladas a ley.

FUNDAMENTOS

Que, el Tribunal Fiscal advierte que en el presente caso para atribuir responsabilidad administrativa a la recurrente por el supuesto contemplado en el literal d) del artículo 2 de la Ley N° 28008, se requiere verificar los presupuestos siguientes:

  1. Demostrar que las mercancías son de procedencia extranjera y su valor no excede a cuatro (04) UITs. En el presente caso, la administración aduanera advierte la existencia de un indicio razonable que la mercancía de la recurrente (polos deportivos) es de procedencia extranjera debido que esta refiere ser de marca extranjera, conforme al Acta de Inmovilización-Incautación expedida por el personal de Aduana del Puesto de Control Interno.
    Asimismo, efectuado el Aforo y Avalúo de las mercancías incautadas se determinó que su valor CIF asciende a US$ 400.00 (Cuatrocientos y 00/100 Dólares Americanos), monto inferior a las cuatro (04) Unidades Impositivas Tributarias UIT).
  2. La empresa transportista (persona jurídica) es propietaria (o tiene la tenencia legal) del vehículo que hizo circular las mercancías. De acuerdo a los hechos del presente caso, la Aduana llegó a verificar que la recurrente en su calidad de transportista es propietaria del vehículo que hizo circular las mercancías, según reporte de la Consulta Vehicular de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP) del referido vehículo.
  3. Que no ha logrado identificarse al propietario de las mercancías. En el presente caso, no se ha logrado identificar plenamente al propietario de las mercancías extranjeras consignadas, debido a que en el Acta de Inmovilización-Incautación N° 163-2015-0300 no se hace mención al dueño de tales mercancías ni en la copia de la Guía de Remisión que fuera presentada por el personal de la recurrente durante la intervención, no acredita quien es el titular de las mercancías incautadas.

En ese contexto, el Tribunal Fiscal evidencia que la recurrente en su condición de empresa de transporte público a través de su vehículo de su propiedad y conducido por uno de sus trabajadores, hizo circular mercancías de procedencia extranjera, con un valor menor a cuatro (04) Unidades Impositivas Tributarias, y sin la documentación que ampare su ingreso legal y libre tránsito en el país.

Por lo tanto, ha incurrido en el supuesto de infracción administrativa vinculada al delito de contrabando tipificado en el literal d) del artículo 2 y el artículo 33 de la Ley N° 28008, Ley de los Delitos Aduaneros.

CRITERIO

“La responsabilidad por la comisión de la infracción administrativa vinculada al delito de contrabando tipificada en el literal d) del artículo 2 de la Ley N° 28008, Ley de los Delitos Aduaneros, no será imputable a la empresa transportista de pasajeros y/o al conductor de la unidad vehícular de dicha empresa transportista cuando se identifique en forma objetiva y sobre la base de datos observables a la persona propietaria de las mercancías incautadas en el vehículo intervenido, quien será pasible de las sanciones de comiso y multa, en aplicación de los artículos 36 y 38 de la Ley N° 28008”.

En consecuencia, el Tribunal Fiscal no verifica la vulneración o menoscabo de los Principios de Derecho Administrativo alegados por la recurrente en su escrito de apelación, razón por la que decide confirmar los Artículos Tercero y Cuarto de la Resolución de Intendencia impugnada por la recurrente, emitida el 02 de enero de 2019 por la Intendencia de Aduana de Ilo, por los fundamentos expresados en la presente Resolución.

 

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