Mediante el Decreto Supremo N.º 058-2026-EF , el MEF ha reformulado el Reglamento del Fedatario Fiscalizador, incorporando expresamente la fiscalización en entornos digitales.

Esto no es un cambio menor, la SUNAT ahora puede intervenir operaciones realizadas por redes sociales, marketplaces, apps y cualquier plataforma digital.

Este cambio se sustenta en la ampliación de facultades del artículo 62 del Código Tributario (modificado por D. Leg. 1523), que permite incluso grabaciones de audio/video y otras formas de evidencia digital.

2. ¿QUÉ CAMBIA EN LA PRÁCTICA?

La reciente modificación redefine de manera sustantiva el alcance de la fiscalización tributaria en el Perú, al incorporar expresamente el control de operaciones realizadas en entornos digitales . A partir de esta norma, la SUNAT no solo mantiene sus facultades tradicionales de verificación en establecimientos físicos, sino que extiende su capacidad de intervención a transacciones efectuadas a través de redes sociales, plataformas digitales y aplicaciones móviles, cerrando así una brecha históricamente explotada por la informalidad.

El cambio más relevante no radica en la creación de nuevas obligaciones tributarias, sino en la intensificación y sofisticación de los mecanismos de control. El fedatario fiscalizador puede ahora intervenir operaciones digitales de manera encubierta, simular compras, utilizar medios de pago electrónicos y documentar los hechos mediante actas electrónicas que son notificadas vía buzón SOL. Estas actas mantienen su calidad de documento público y, conforme a la jurisprudencia reiterada del Tribunal Fiscal, constituyen prueba suficiente para sustentar sanciones, lo que desplaza la carga probatoria hacia el contribuyente.

Desde una perspectiva operativa, la fiscalización deja de ser reactiva y presencial para convertirse en inmediata, digital y altamente trazable. La posibilidad de intervenir sin identificación previa, sumada al uso de evidencia digital y a la integración con sistemas de pago, incrementa significativamente la capacidad de SUNAT para detectar omisiones en la emisión de comprobantes de pago, especialmente en operaciones concertadas fuera de un establecimiento físico.

En este contexto, los negocios que operan a través de redes sociales, marketplaces o canales digitales enfrentan un riesgo tributario sustancialmente mayor, particularmente cuando existen prácticas informales o debilidades en los procesos de facturación. Si bien aún no existe un desarrollo jurisprudencial específico sobre fiscalización digital, la tendencia del Tribunal Fiscal ha sido consistentemente favorable a validar las actuaciones del fedatario cuando se cumplen las formalidades, lo que anticipa un escenario de alta convalidación administrativa.

En síntesis, esta reforma consolida un cambio de paradigma: la economía digital deja de ser un espacio de baja fiscalización para integrarse plenamente al radar de la Administración Tributaria. En adelante, el riesgo no dependerá del canal de venta, sino del grado de cumplimiento efectivo, lo que exige a las empresas adaptar sus procesos comerciales y tecnológicos a un estándar de control tributario coherente con la nueva realidad digital.

Para consultas o acompañamiento especializado, nuestro equipo Tax & Legal está disponible en info@ecovis.com.pe.

Atentamente,
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Este nuevo reglamento adecúa el marco normativo a las modificaciones introducidas por la Ley No. 32460, incorporando cambios relevantes que amplían el alcance del mecanismo y flexibilizan sus fuentes de financiamiento.

Principales cambios

1. Ampliación del alcance del mecanismo

El mecanismo de Obras por Impuestos ya no se limita a la ejecución de proyectos de infraestructura. El nuevo reglamento permite financiar:

• Proyectos de inversión pública
• IOARR (inversiones de optimización, ampliación marginal, reposición o rehabilitación)
• Actividades de operación y mantenimiento
• Servicios públicos
• Construcción de viviendas rurales

Esto convierte a Obras por Impuestos en un instrumento más amplio para la provisión de bienes y servicios públicos.

2. Incorporación de servicios como intervención financiable

Se habilita la ejecución de determinados servicios públicos mediante Obras por Impuestos, principalmente en:

• Salud
• Educación
• Saneamiento
• Planificación territorial (planes urbanos, catastro, entre otros)

Estos servicios deben generar resultados concretos y medibles, y no pueden financiar gastos corrientes permanentes.

3. Inclusión de construcción de viviendas rurales

El reglamento incorpora un régimen específico para financiar viviendas rurales en zonas vulnerables, especialmente en áreas afectadas por heladas o friaje, mediante fichas de intervención aprobadas por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

4. Nuevas fuentes de financiamiento

Se amplían las fuentes que pueden respaldar la emisión de los certificados de inversión pública (CIPRL y CIPGN), incluyendo:

• FONCOMUN
• FOCAM
• Recursos directamente recaudados
• Recursos ordinarios (bajo determinadas condiciones)
• Donaciones y transferencias

Esto permitirá que más gobiernos subnacionales utilicen el mecanismo aun cuando no cuenten con recursos de canon suficientes.

5. Uso combinado de fuentes de financiamiento

Se habilita el uso conjunto de Topes Máximos de Capacidad Anual (TMCA) con recursos del presupuesto institucional, lo que facilita el financiamiento de intervenciones de mayor envergadura.

6. Mayor desarrollo del régimen contractual

El reglamento incorpora reglas más detalladas sobre:

• Liquidación del convenio de inversión
• Mayores metrados y mayores trabajos
• Costos de gestión del proyecto
• Cambios en consorcios de empresas privadas

Estas disposiciones buscan reducir contingencias y controversias durante la ejecución de proyectos.

Impacto para el sector privado

El nuevo reglamento fortalece el mecanismo de Obras por Impuestos como herramienta de inversión social corporativa y desarrollo territorial, ampliando las oportunidades para que empresas privadas participen en la ejecución de intervenciones públicas y utilicen los certificados de inversión para el pago de su impuesto a la renta.

En la práctica, el mecanismo deja de estar concentrado exclusivamente en infraestructura y pasa a permitir intervenciones más flexibles vinculadas a servicios públicos y desarrollo territorial.

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Prácticas que hasta hace poco se abordaban como infracciones administrativas hoy pueden generar riesgos penales directos para empresas, gerentes, directores y responsables financieros.

1. Contexto normativo y control tributario digital

La SUNAT ha intensificado el uso de herramientas digitales orientadas a la trazabilidad de operaciones, validación de comprobantes electrónicos y control automatizado del cumplimiento tributario.

El D. Leg. N.° 716 se alinea con esta estrategia, trasladando determinados incumplimientos desde el ámbito administrativo hacia el penal, bajo un enfoque de prevención y disuasión.

Implicancia clave: errores u omisiones en procesos digitalizados pueden hoy activar responsabilidad penal, incluso sin perjuicio económico acreditado.

2. Compliance tributario digital y facturación electrónica

La facturación electrónica deja de ser un proceso meramente operativo y pasa a ser un punto crítico de control penal.

El enfoque de compliance tributario digital exige asegurar:

• Consistencia entre información registral y operativa.

• Trazabilidad real de operaciones.

• Coherencia entre actividad declarada y comprobantes emitidos.

3. Información falsa en el RUC como delito penal

Ampliación del artículo 5-A de la Ley Penal Tributaria

Se sanciona con pena privativa de libertad de 2 a 5 años a quien proporcione información falsa en el RUC con la finalidad de habilitarse para emitir comprobantes de pago electrónicos.

Supuestos de riesgo frecuentes

• Declaración de domicilios inexistentes o no habidos.

• Registro de actividades económicas distintas a las realmente desarrolladas, para sustentar operaciones simuladas.

Punto crítico:
No se exige daño tributario efectivo. Basta la finalidad de habilitación para que el delito se configure.

4. Nuevo delito penal vinculado a detracciones (SPOT)

Incorporación del artículo 5-E

El D. Leg. N.° 716 incorpora un nuevo tipo penal que sanciona con penas de 5 a 8 años a quien:

• Falsifique o adultere constancias de depósito del SPOT.

• Presente dichas constancias ante la SUNAT sin que el depósito se haya realizado.

Esta norma penaliza expresamente la simulación del cumplimiento de detracciones para sustentar gasto o crédito fiscal.

Alerta penal:
La sola presentación de la constancia falsa configura el delito, aun sin fiscalización concluida ni perjuicio acreditado.

5. Inicio de investigaciones penales: menor barrera probatoria

Requisito de procedibilidad

Para los delitos previstos en los artículos 5-A, 5-B, 5-C y 5-E, será suficiente un informe de hechos de la SUNAT, sin necesidad de informe técnico previo.

Impacto práctico

• Inicio más rápido de investigaciones penales.

• Menor margen para regularizaciones administrativas.

• Mayor exposición de directivos y responsables financieros.

6. Riesgos penales para empresas y directivos

El nuevo enfoque normativo amplía la responsabilidad penal hacia:

• Gerentes generales y directores.

• CFO, responsables contables y tributarios.

• Empresas usuarias de facturación electrónica y SPOT.

La frontera entre infracción administrativa y delito penal se ha reducido de forma significativa.

7. Recomendaciones de compliance tributario digital – ECOVIS

Ante este escenario, se recomienda:

• Verificar la veracidad del RUC, domicilio fiscal y actividad económica.

• Reforzar controles internos sobre emisión y validación de comprobantes electrónicos.

• Auditar periódicamente procesos de detracciones (SPOT).

• Implementar o actualizar programas de compliance tributario y penal, con enfoque preventivo y responsabilidad directiva.

El compliance tributario digital debe integrar aspectos legales, fiscales, operativos y de gobierno corporativo.

8. Conclusión

El D. Leg. N.° 716 marca un punto de inflexión en la gestión tributaria empresarial en el Perú. La digitalización del control tributario viene acompañada de una mayor exposición penal, obligando a las empresas a revisar sus modelos de cumplimiento.

La prevención deja de ser opcional y se convierte en una decisión estratégica de gestión.

Para mayor información puedes visitar nuestro sitio web: Ecovis Informativo

Mediante la Sentencia recaída en el Expediente No. 4068-2023-PA/TC (emitida el 20 de enero de 2026), el Tribunal ha establecido criterios relevantes que reducen riesgos contingentes y fortalecen la posición defensiva de los contribuyentes frente a deudas antiguas y fiscalizaciones prolongadas.

El fallo delimita con claridad hasta dónde puede llegar la Administración Aduanera en materia de prescripción de deudas aduaneras, fijando límites a la utilización de actos administrativos inválidos y descartando la aplicación retroactiva de normas más gravosas.

¿Qué ha dicho el Tribunal Constitucional?

En términos ejecutivos, el Tribunal ha fijado tres reglas centrales sobre la prescripción aduanera:

1. Actos nulos no interrumpen ni suspenden la prescripción

La Administración no puede sostener que el plazo de prescripción se interrumpe o se suspenda sobre la base de actos administrativos posteriormente declarados nulos. Reconocer efectos a actos inválidos vulnera principios básicos del Derecho Administrativo y afecta la seguridad jurídica.

Este criterio refuerza la protección de los contribuyentes frente a intentos de extender artificialmente la vigencia de deudas antiguas.

2. No es válida la aplicación retroactiva del Decreto Legislativo No. 1433

Si la prescripción ya se consumó conforme al régimen original del artículo 155 de la Ley General de Aduanas, no corresponde aplicar el nuevo régimen secuencial introducido por el Decreto Legislativo No. 1433.

La prescripción constituye una situación jurídica perfeccionada que no puede alterarse retroactivamente.

3. El régimen anterior del artículo 155 de la Ley General de Aduanas es constitucionalmente razonable

El Tribunal reconoce que el sistema de cómputo conjunto del plazo de prescripción no era arbitrario, pues obligaba a la Aduana a fiscalizar, determinar y cobrar dentro de un plazo razonable, evitando contingencias indefinidas para los contribuyentes.

Este reconocimiento reafirma que la prescripción de deudas aduaneras es un límite legítimo al poder del Estado.

Contexto normativo en breve

Régimen original del artículo 155 de la Ley General de Aduanas
El plazo de prescripción de las facultades de determinación, sanción y cobro se computaba de manera conjunta.

Decreto Legislativo No. 1433 (2018)
Introduce un cómputo secuencial y amplía la actuación administrativa.

Criterio del Tribunal Constitucional
El nuevo régimen no puede aplicarse a períodos ya prescritos bajo las reglas anteriores.

Para mayor información institucional puede consultarse el sitio del Tribunal Constitucional del Perú.

Impacto práctico para las empresas

Este pronunciamiento tiene implicancias directas para la toma de decisiones empresariales:

• Reduce contingencias por deudas antiguas que la Administración pretende mantener vigentes invocando actos inválidos o criterios extensivos.

• Fortalece la defensa en fiscalizaciones y litigios en curso, especialmente en procedimientos aduaneros de larga data.

• Mejora la predictibilidad jurídica, al reafirmar que los plazos de prescripción son límites reales y efectivos al poder de la Administración.

• Refuerza la planificación de riesgos, permitiendo una mejor evaluación de provisiones y exposiciones tributarias.

Conclusión ejecutiva

El Tribunal Constitucional confirma que la potestad fiscalizadora del Estado no es ilimitada en el tiempo.

La prescripción de deudas aduaneras opera como una garantía real para los contribuyentes y no puede desnaturalizarse mediante actos nulos ni aplicación retroactiva de normas más gravosas.

Este criterio representa un avance relevante en materia de seguridad jurídica y debe considerarse prioritario en la gestión de riesgos tributario-aduaneros empresariales.

El precedente establece un punto de referencia para futuras fiscalizaciones y litigios en materia aduanera. Las empresas deberían revisar su situación tributaria histórica a la luz de este criterio, especialmente en procedimientos de larga duración donde la prescripción de deudas aduaneras pueda resultar determinante.

Puede revisar otros análisis legales y tributarios en la sección de informativos de Ecovis.

Mediante el Decreto Legislativo N.° 1700, publicado el 24 de enero de 2026, el Poder Ejecutivo modificó la Ley N.° 30096 – Ley de Delitos Informáticos, incorporando el artículo 12-A, que tipifica de manera autónoma el delito de adquisición, posesión y tráfico ilícito de datos informáticos .

La norma se dicta en el marco de las facultades legislativas delegadas en materia de seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad organizada, y responde a la creciente relevancia económica y criminal de los datos personales y corporativos en el entorno digital.

2. El problema jurídico: de los “hackers” a la economía ilegal de datos

Hasta antes de esta reforma, el Derecho penal informático se concentraba principalmente en el acceso ilícito a sistemas o en la interferencia de datos. Sin embargo, la práctica demostraba que el mayor riesgo ya no se encontraba únicamente en el ataque inicial, sino en la cadena posterior de explotación económica de la información.

En la realidad criminológica actual, bases de datos personales, credenciales de acceso, historiales médicos, antecedentes penales, información financiera o listados de contactos se compran, venden y transfieren como verdaderos activos en mercados clandestinos, muchas veces con participación de intermediarios que no ejecutaron el acceso ilícito original.

El D. Leg. N.° 1700 reconoce expresamente esta evolución y desplaza el foco de tutela penal hacia la economía ilegal de los datos.

3. Contenido del nuevo artículo 12-A de la Ley N.° 30096

El nuevo tipo penal sanciona a quien:

• Posee, compra, recibe, comercializa, vende, facilita, intercambia o trafica
• datos informáticos, credenciales de acceso o bases de datos personales,
• con conocimiento o debiendo presumir que fueron obtenidos:
  • sin consentimiento del titular,
  • mediante vulneración de sistemas de seguridad, o
  • como resultado de un delito informático.

Pena base:

• Prisión de 5 a 8 años,
• 180 a 365 días-multa.

Circunstancias agravadas (pena de 8 a 10 años e inhabilitación):

• Actuación como integrante de una organización criminal.
• Afectación a una pluralidad de personas o perjuicio patrimonial grave.
• Datos procesados o custodiados por una entidad pública.

4. Cláusulas de exclusión de responsabilidad penal

La norma prevé supuestos expresos de atipicidad penal, cuando el tratamiento de datos se realiza:

• Con autorización expresa del titular, conforme a la Ley N.° 29733 (Protección de Datos Personales).
• En cumplimiento de un mandato judicial o administrativo válido.
• En el ejercicio legítimo de derechos fundamentales o funciones legalmente reconocidas.

No obstante, la exclusión opera solo si no existe finalidad de aprovechamiento ilícito ni de comercialización indebida de la información.

5. Impacto penal para empresas, directorios y oficiales de cumplimiento

Desde una perspectiva empresarial, esta reforma tiene consecuencias directas:

• La gestión de datos deja de ser exclusivamente un asunto tecnológico o regulatorio y pasa a ser una fuente directa de riesgo penal.
• La procedencia y trazabilidad de las bases de datos adquieren relevancia penal autónoma.
• La posesión o uso de información de origen ilícito, incluso sin haber participado en el acceso inicial, puede generar responsabilidad penal.

Para directorios, gerentes, Compliance Officers (CO) y Data Protection Officers (DPO), el mensaje del legislador es claro:

• No basta con políticas formales o cumplimiento documental.
• Es necesario integrar la gestión de datos en los mapas de riesgo penal.
• Se debe reforzar la debida diligencia digital, revisar cadenas de suministro de información y establecer mecanismos efectivos de prevención, detección y respuesta.
• En la economía de los datos, la omisión relevante también puede generar responsabilidad penal.

6. Conclusiones y recomendaciones prácticas (ECOVIS)

1. El D. Leg. N.° 1700 marca un cambio estructural en el Derecho penal informático peruano, alineándolo con estándares de tutela reforzada de la autodeterminación informativa.
2. Se amplía el espectro de sujetos penalmente relevantes, alcanzando a quienes adquieren o utilizan datos de origen ilícito, incluso en etapas posteriores al delito inicial.
3. Las empresas deben revisar con urgencia:
   • Políticas de adquisición y uso de bases de datos.
   • Controles internos sobre proveedores de información.
   • Programas de compliance penal y digital.

La gestión responsable de datos no solo reduce sanciones administrativas, sino que hoy constituye una barrera esencial frente a la responsabilidad penal.

La Corte Suprema de Justicia ha confirmado en última y definitiva instancia la condena penal de 5 años de prisión (pena suspendida) contra el CEO de la cadena hotelera Costa del Sol, por el delito de defraudación tributaria.

No es un caso administrativo. No es solo una multa. Es responsabilidad penal personal del gerente.

 ¿QUÉ HIZO EL EJECUTIVO Y POR QUÉ FUE CONDENADO?

La Corte acreditó que, en su condición de gerente general y representante legal, el ejecutivo:

▪ Autorizó y permitió la utilización de facturas por operaciones no reales
▪ Usó dichas facturas para:

• Incrementar indebidamente el crédito fiscal del IGV
  

Deducir gastos inexistentes para el Impuesto a la Renta
▪ Generó un perjuicio fiscal superior a S/ 438,000

La Corte fue clara: no se trató de un “error contable” ni de una “interpretación tributaria”, sino de una conducta dolosa orientada a reducir ilegalmente la carga tributaria.

MENSAJE DIRECTO DE LA CORTE SUPREMA (Y DE LA SUNAT)

Este fallo deja tres mensajes contundentes para las empresas:

El gerente responde penalmente

No basta decir:

“Eso lo veía contabilidad”
“Eso lo hacía el estudio”
“Eso lo revisa impuestos”

El representante legal es penalmente responsable cuando valida o tolera esquemas con facturas no reales.

Pagar después NO te salva

La Corte ratifica un criterio cada vez más firme:

El pago o regularización de la deuda tributaria NO extingue la responsabilidad penal si el proceso penal ya se inició.

Regularizar ayuda en lo administrativo, pero no borra el delito.

 El uso de facturas no reales ya no es solo contingencia tributaria

Lo que antes muchos veían como:

• “Reparo discutible”
  
• “Riesgo fiscal”
• “Tema para Tribunal Fiscal”

 Hoy es riesgo penal directo, con:

• Condena
  
• Antecedentes
  
• Daño reputacional
  

Exposición personal del gerente y directores

¿POR QUÉ ESTE CASO ES ESPECIALMENTE GRAVE?

Porque demuestra que:

▪ La SUNAT detecta, denuncia y sostiene casos penales
▪ El Ministerio Público acusa
▪ El Poder Judicial condena
▪ Y la Corte Suprema confirma

La cadena es completa. Y funciona.

LO QUE TUS CLIENTES DEBEN ENTENDER (SIN EQUIVOCACIONES)

Este caso obliga a replantear seriamente:

✔ La revisión real de proveedores y servicios
✔ La validación de operaciones antes de deducir gastos o usar crédito fiscal
✔ El rol activo del gerente general y directorio en temas tributarios
✔ La implementación urgente de controles internos y compliance tributario real, no solo formal

El mayor riesgo hoy no es la multa. Es la imputación penal personal.

CONCLUSIÓN

La sentencia de la Corte Suprema marca un antes y un después:

La defraudación tributaria dejó de ser un problema del área de impuestos y pasó a ser un riesgo penal del gerente.

Las empresas que no revisen qué deducen, cómo sustentan sus gastos y qué facturas usan, no solo se exponen a fiscalizaciones agresivas, sino a procesos penales que ya no terminan archivados.

El reparo planteado se centra en el costo de ventas, bajo el argumento de que no se habría acreditado fehacientemente determinados gastos generales variables, vinculados a obras y a ampliaciones de plazo en un contrato de concesión.

A estas alturas del procedimiento, el contribuyente ha presentado facturas, órdenes de servicio y de compra, correos electrónicos, comunicaciones dirigidas y recibidas de la autoridad pública, hojas de cálculo de valorizaciones, así como el contrato y sus adendas. En conjunto, se trata de un acervo documental que, desde una perspectiva económica, contractual y operativa, permite comprender la realidad de la operación y la efectiva ejecución del gasto.

No obstante, uno de los argumentos centrales –sino el principal en lo que avanza la fiscalización– de la Administración Tributaria es que las valorizaciones no cuentan con sello ni con “fecha cierta”, y que ello impediría tener por acreditada la fehaciencia del gasto.

Aquí surge una pregunta inevitable: ¿qué debe entender la SUNAT por “fecha cierta”? ¿Qué debemos entender los contribuyentes? Hasta el momento, no existe una explicación clara ni un estándar explícito que permita al contribuyente conocer, ex ante, cuál es el umbral probatorio que la Administración considera suficiente en el presente expediente.

Desde la perspectiva del ordenamiento jurídico general, sabemos que un documento privado adquiere fecha cierta, entre otros supuestos, cuando es presentado ante notario para que se certifique la fecha o se legalicen las firmas. La duda que se plantea entonces es legítima: ¿estamos ante una exigencia implícita de notarializar valorizaciones u otros documentos de gestión interna para que un gasto sea considerado deducible para efectos del Impuesto a la Renta?

La inquietud no es menor. Cuando el análisis de la fehaciencia se concentra exclusivamente en elementos formales, sin ponderar razonablemente el conjunto de medios probatorios disponibles, se corre el riesgo de desnaturalizar su finalidad. La fehaciencia no debería convertirse en un fin en sí mismo, sino en un instrumento para verificar la realidad económica de las operaciones.

Resulta especialmente preocupante que una cuestión eminentemente formal pueda poner en riesgo la deducción de gastos efectivamente incurridos por una empresa, con impacto directo en su capacidad contributiva, principio que no puede quedar relegado frente a exigencias probatorias no previstas expresamente por la ley.

La fiscalización continúa. Veremos cómo termina el cuento. Pero la reflexión queda abierta.

Para los contribuyentes, el mensaje es claro: en un entorno de fiscalización cada vez más formalista, ya no basta con que el gasto exista y esté vinculado a la generación de renta; es indispensable anticiparse al estándar probatorio que la Administración podría exigir, incluso cuando dicho estándar no esté claramente definido.

Cuando la fehaciencia se desvincula de la razonabilidad, el riesgo deja de ser sólo tributario. Se convierte en un riesgo operativo, financiero y, finalmente, institucional.

Octavio Salazar

Socio – Ecovis Perú

Abogado corporativo especializado en Tributación, egresado de la PUCP, con formación en Tributación Internacional y Precios de Transferencia en la Universidad Austral y el International Tax Center de la Universidad de Leiden. Cuenta con un LL.M. en Tributación Internacional por la Vienna University of Economics and Business.

Se trata de una de las primeras normas tributarias relevantes impulsadas bajo la nueva administración, y refleja una decisión clara de política fiscal: las empresas digitales deben ser fiscalizadas mediante herramientas digitales, independientemente de si operan localmente o desde el extranjero.

Principales aspectos de la nueva regulación

1. Comparecencia remota ante SUNAT

La SUNAT queda expresamente facultada para realizar citaciones, reuniones y actuaciones dentro de un procedimiento de fiscalización a través de videoconferencias, eliminando la necesidad de presencia física del contribuyente.

Las comparecencias remotas tienen plena validez legal y deben cumplir con requisitos formales y técnicos estrictos, tales como la identificación de los participantes, el uso permanente de cámara y la documentación de cada actuación mediante actas.

2. Acceso directo a sistemas contables y ERP

Uno de los cambios más relevantes es la posibilidad de que SUNAT requiera perfiles de acceso directo al sistema de procesamiento electrónico de datos donde el contribuyente registra sus operaciones contables, incluyendo sistemas ERP.

Dichos perfiles deben permitir:

• La visualización de la información contable de los períodos fiscalizados

• La generación y descarga de reportes

• El registro de accesos y permanencia

La norma establece que SUNAT no puede modificar, eliminar ni ocultar información, consagrando el principio de acceso sólo para visualización. No obstante, subsisten riesgos operativos y de ciberseguridad que deben ser gestionados adecuadamente .

Digitalización sin diálogo: un desafío estructural

Si bien la norma busca eficiencia y transparencia, su implementación se ha producido sin un proceso amplio de diálogo técnico previo, en un contexto en el que:

• Muchas empresas presentan deficiencias en la calidad y estructura de sus datos

• Los sistemas contables no siempre están preparados para generar perfiles de acceso restringido

• Los estándares de ciberseguridad varían significativamente entre contribuyentes

Ello genera un escenario en el que el cumplimiento es obligatorio, pero la preparación técnica no es homogénea, especialmente en empresas con sistemas complejos o estructuras multinacionales.

Impacto en empresas digitales y extranjeras

La regulación tiene un impacto particular en:

• Empresas que prestan servicios digitales

• Negocios intensivos en tecnología

• Empresas extranjeras que operan de manera remota en el Perú

En la práctica, la presencia digital se traduce cada vez más en visibilidad fiscal. La capacidad de fiscalización de SUNAT deja de depender de la presencia física, reforzando una tendencia global hacia el control tributario digital.

Recomendaciones prácticas de ECOVIS Perú

En este nuevo entorno, la preparación ya no es opcional.

Recomendamos a las empresas:

• Realizar una evaluación interna tributaria y de TI sobre la capacidad de sus sistemas

• Verificar si los ERP permiten generar perfiles de acceso conforme a lo exigido por SUNAT

• Fortalecer los protocolos de seguridad de la información y ciberseguridad

• Capacitar a los equipos contables, legales y de TI en comparecencias remotas

• Documentar adecuadamente los controles internos y flujos de acceso

Una preparación temprana puede convertir esta obligación regulatoria en una ventaja privada de cumplimiento, reduciendo riesgos de fiscalización y contingencias operativas.

Comentario final

La digitalización de la fiscalización tributaria no es una tendencia coyuntural, sino una transformación estructural. Si bien la norma plantea retos relevantes en materia de seguridad de la información y carga operativa, también responde a estándares internacionales de administración tributaria moderna.

Las empresas que comprendan este cambio y se adapten de manera proactiva estarán mejor posicionadas para operar de forma segura y eficiente en la nueva era de fiscalización digital en el Perú.

ECOVIS Perú – Tax & Legal Services
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A Martín Vizcarra se le juzga por el delito de cohecho pasivo propio (conocido comúnmente como soborno o corrupción de funcionarios), en agravio del Estado Peruano. Estos actos están previstos en el artículo 393 del Código Penal y se refieren a dos casos específicos ocurridos cuando era Gobernador Regional de Moquegua (2011–2014):

1. Proyecto de riego «Lomas de Ilo».
2. Hospital de Moquegua Nivel II-2.

¿Qué significa esto legalmente? La acusación sostiene que Vizcarra actuó con dolo (intención y conocimiento) para subordinar su función pública a intereses privados. Se distinguen dos modalidades:

• Solicitar: En el caso Lomas de Ilo, se le acusa de pedir directamente una ventaja indebida.
• Condicionar: En el caso del Hospital, se le acusa de condicionar su actuación oficial (no observar el contrato) a cambio de un donativo.

2. CASO 1: Proyecto «Lomas de Ilo»

(Modalidad: Solicitar)

2.1. Los Hechos Imputados

Durante la licitación internacional para la obra de riego en Lomas de Ilo, conducida por la UNOPS, la Fiscalía afirma lo siguiente:

• Información Privilegiada: Entre el 4 y 6 de noviembre de 2013, Vizcarra se reunió con Elard Tejeda Moscoso (gerente de la constructora Obrainsa) en Lima. Allí le reveló que, para ganar el contrato, debía bajar su oferta a S/ 81 millones, un monto que Vizcarra conocía por su cargo de Gobernador.
• El Soborno (2%): A cambio de esta ayuda y de otorgar la obra, Vizcarra solicitó el 2% del costo directo de la obra (aprox. S/ 1,016,000).
• La Avioneta: Antes de firmar el contrato (diciembre 2013), Vizcarra pidió a Tejeda el alquiler de una avioneta para trasladar invitados a Moquegua, indicando que el costo correría «a cuenta de lo pactado».
• Pagos en Efectivo: Tras la firma del contrato y el primer adelanto de dinero al consorcio, se habrían realizado dos entregas de dinero en efectivo en las oficinas de Obrainsa: S/ 400,000 (enero 2014) y S/ 600,000 (abril 2014).

2.2. Lo que el Tribunal consideró probado

El tribunal concluyó que Vizcarra sí solicitó el 2% del monto de la obra. Se acreditó que él tenía la información privilegiada, que pidió el soborno directamente y que recibió beneficios (vuelos y efectivo) vinculados a la adjudicación de la obra.

2.3. Las Pruebas Principales (Medios Probatorios)

La condena no se basa solo en una palabra, sino en una cadena de indicios:

1. Testimonio de Elard Tejeda: Pieza clave. Narró con detalle la reunión, la solicitud del 2%, el alquiler de la avioneta y la entrega de los sobres con dinero en efectivo tras cobrar cheques a nombre de un conserje.
2. Corroboración interna de Obrainsa: Directivos y empleados de la empresa confirmaron la salida real del dinero (cheques cobrados en efectivo) y la orden de reducir la oferta para ganar la licitación.
3. Registros Telefónicos: Reportes de Telefónica probaron comunicaciones entre Vizcarra y Tejeda en las fechas clave de las reuniones y los pagos.
4. Correos y Pericia de la Avioneta: Se recuperaron correos entre la secretaria de Vizcarra y la empresa, coordinando el vuelo pagado por Obrainsa. Testigos confirmaron que la avioneta se usó para trasladar funcionarios.

3. CASO 2: Hospital de Moquegua

(Modalidad: Condicionar)

3.1. Los Hechos Imputados

En la licitación para la construcción del Hospital de Moquegua, ganada por el Consorcio Hospitalario Moquegua (ICCGSA + INCOT), la acusación sostiene:

• El Intermediario: En el evento CADE 2013, José Manuel Hernández (amigo cercano de Vizcarra) se reunió con un ejecutivo de ICCGSA, Rafael Granados.
• El Condicionamiento: Hernández transmitió un mensaje de Vizcarra: exigía S/ 1,300,000 a cambio de no objetar ni trabar la firma del contrato. Si no pagaban, el Gobernador podía observar la licitación.
• Los Pagos: La empresa aceptó pagar para «asegurar» la obra. Se realizaron múltiples entregas de dinero en efectivo (sobres de S/ 100,000 a S/ 200,000) a través de Hernández. Incluso, se menciona un pago entregado directamente a Vizcarra en casa de Hernández.

3.2. Lo que el Tribunal consideró probado

El tribunal dio por ciertos los roles de los implicados y la secuencia de eventos. Se probó que Vizcarra tenía la potestad de firmar o no el contrato y que usó ese poder para exigir el dinero.

3.3. Las Pruebas Principales (Medios Probatorios)

1. Declaración de Rafael Granados (ICCGSA): Testigo central. Explicó cómo Hernández pidió el dinero en nombre de Vizcarra y cómo la empresa aprobó el pago como un «costo» necesario para no perder el contrato.
2. Testimonios de consorciados (Castillo Dibós y Jordán Morales): Confirmaron la existencia de los pagos en efectivo, la preparación de los sobres y un pago final entregado personalmente a Vizcarra.
3. Ruta del Dinero: Se presentaron facturas ficticias y contratos simulados que la empresa usó para justificar la salida del dinero en efectivo destinado a los sobornos.
4. Continuidad (2013-2016): Se acreditó que los pagos continuaron incluso cuando Vizcarra ya había dejado el cargo regional (siendo Vicepresidente y Ministro), cumpliendo el pacto original de los 1.3 millones.

4. CONCLUSIÓN: ¿Por qué fue condenado?

La sentencia se fundamenta en que Martín Vizcarra utilizó su cargo de Gobernador Regional para obtener beneficios económicos personales.

• En el Caso Lomas de Ilo, pidió activamente un porcentaje y beneficios (avioneta) para favorecer a una empresa.
• En el Caso Hospital, condicionó la firma del contrato al pago de una fuerte suma de dinero a través de un intermediario.

En ambos escenarios, la justicia halló una coincidencia sólida entre los testimonios de los empresarios corruptores, los registros de llamadas, los correos electrónicos y el movimiento de dinero en las empresas.

El objetivo es identificar a las personas naturales que, directa o indirectamente, controlan o se benefician de entidades jurídicas, reforzando la transparencia corporativa y previniendo el lavado de activos, la evasión tributaria y el uso indebido de estructuras societarias. 

¿Quiénes deben cumplir?

La declaración aplica a personas jurídicas domiciliadas que hasta ahora no estaban obligadas en ejercicios anteriores, y que superan ciertos umbrales de ingresos netos. También aplica a las personas jurídicas que habiendo presentado su declaración jurada de beneficiario final, hubiesen actualizado sus registros.

Plazos clave (ejemplo para 2025-2026)

• Desde 17 al 24 de noviembre de 2025: personas jurídicas con ingresos netos mayores a 100 UIT (≈ S/ 515,000) deben presentar según el último dígito de su RUC.
  
• Desde 16 al 23 de enero de 2026: aquellas con ingresos netos entre 50 UIT y 100 UIT (≈ S/ 257,500-S/ 515,000).
• Otros tramos (10 UIT a 25 UIT, etc.) deberán cumplir entre agosto y diciembre de 2026.

Multas por incumplimiento

La presentación extemporánea, incompleta o con información que no se ajusta a la realidad puede generar una sanción de hasta el 0.6% de los ingresos netos, no menor a 5 UIT (≈ S/ 26,750) ni mayor a 50 UIT (≈ S/ 267,500).

Cabe destacar que existe un beneficio de gradualidad del 100% si la omisión se subsana voluntariamente antes de cualquier requerimiento de SUNAT. 

Responsabilidad de los representantes legales

La responsabilidad solidaria recae también sobre los representantes legales de la persona jurídica en caso de omisión. Podrían hacerse responsables en la medida en que se configure dolo, negligencia grave o abuso de facultades. 

Recomendaciones

• Verifique si su empresa está obligada a presentar esta declaración según los tramos de ingresos y fecha de constitución. 
• Identifique los beneficiarios finales (personas naturales que controlan o se benefician de la empresa) y mantenga la información documentada y actualizada.
• Siempre aplicar el procedimiento de debida diligencia requerido por la norma.  
• Prepare con antelación la declaración para evitar errores, presentarla fuera de plazo o con información incorrecta. 
• En caso de omisión, atienda oportunamente la subsanación voluntaria para acogerse al beneficio de gradualidad y evitar sanciones mayores. 
• Consulte con su asesor legal y tributario sobre las implicancias específicas para su empresa y estructura societaria. 

🎯 Objeto de la Ley

Establecer medidas extraordinarias para combatir los delitos de extorsión y sicariato que afectan a las empresas de transporte público y de transporte de mercancías, consideradas servicios esenciales y estratégicos para la movilidad, el empleo y la economía nacional.

⚖️ Finalidad

Garantizar la continuidad, seguridad y reactivación del servicio de transporte mediante acciones de:

• Prevención y preparación (antes del delito)
  
• Respuesta y atención inmediata (durante el delito)
  
• Reactivación y recuperación (después del delito)

🛡️ 1. Medidas extraordinarias de prevención y preparación

Responsables: MININTER, PNP, MTC, SBS, MEF, UIF-Perú, ATU, y SUTRAN.

Principales acciones:

• Monitoreo financiero:
  La SBS y la UIF-Perú deberán supervisar operaciones sospechosas relacionadas con pagos extorsivos (“cupos”, “vacunas”, “colaboraciones”, etc.), ya sea por depósitos, transferencias, billeteras digitales o giros nacionales/internacionales.
  
• Seguridad operativa:
  El MTC acreditará rutas, paraderos y unidades con cámaras o botones de pánico integrados al sistema C5i.
  
• Mapas de riesgo e inteligencia:
  La PNP elaborará mapas georreferenciados de zonas críticas con alertas tempranas.
  
• Capacitación:
  Programas de entrenamiento para gerentes, conductores y cobradores en detección y denuncia de delitos.
  
• Fondo de riesgo y garantía estatal:
  Creación de un fondo para proteger unidades ante amenazas o atentados.

🚨 2. Medidas de respuesta y atención inmediata

Responsables: MININTER, PNP, Ministerio Público, Poder Judicial, MTC, MEF.

Acciones destacadas:

• Respuesta policial inmediata: Centros de comando especializados en extorsión y sicariato, integrados al C5i.
  
• Protección a víctimas: Programa de custodia y asistencia integral a transportistas y familiares amenazados.
  
• Continuidad del servicio: Planes de rutas provisionales para garantizar el transporte en zonas afectadas.
  
• Apoyo comunicacional: Sistema de alerta para controlar rumores y difundir información oficial.

💼 3. Medidas de reactivación y recuperación

Responsables: MEF, MTC, MININTER, MINSA, MTPE.

Incluye:

• Créditos blandos y exoneraciones temporales a empresas afectadas.
  
• Uso de bienes incautados al crimen organizado para financiar la reparación económica.
  
• Compensaciones y seguros estatales para víctimas y empresas.
  
• Programas de atención psicológica y reinserción laboral.
  
• Creación del Observatorio Nacional de Extorsión y Violencia Económica, encargado de recopilar y analizar información sobre la criminalidad en el transporte.
  

⚙️ Disposiciones Complementarias

1. Reglamentación:
   La PCM, junto con los ministerios del Interior, Transporte y Economía, emitirá normas complementarias.
   
2. Extinción de dominio:
   Los bienes y valores vinculados a cuentas o billeteras usadas en actos extorsivos pasan al Estado, incluso sin proceso penal, destinándose al fondo de protección y reparación.
   
3. Creación del GIES:
   El Grupo Interinstitucional contra la Extorsión y el Sicariato, conformado por la PNP, Ministerio Público y Poder Judicial, actuará bajo un régimen especial con facultades de intervención inmediata.
   
4. Financiamiento:
   El MEF autoriza las transferencias necesarias para ejecutar la ley.

🧩 Comentarios ECOVIS

Esta ley marca un precedente en la política criminal y económica peruana, al integrar mecanismos financieros, operativos y de inteligencia en la lucha contra el crimen organizado.

Además, la vinculación entre extinción de dominio, UIF y SBS refuerza la trazabilidad de fondos ilícitos, alineándose con estándares del GAFI y la OCDE en materia de prevención de lavado de activos.

Para mayor información, nuestro equipo Tax & Legal de ECOVIS Perú está a su disposición: info@ecovis.com.pe.

La Corte Suprema ha precisado que, vencido el plazo de prescripción del artículo 43 del Código Tributario, la Administración Tributaria no puede emitir actos sustantivos que modifiquen la determinación de un periodo prescrito, incluso si esos actos no generan deuda exigible y “solo” buscan recalcular pérdidas o saldos que incidan en ejercicios posteriores. Tales actos no son meras verificaciones: constituyen determinación tributaria y están legalmente prohibidos por efecto de la prescripción y por los principios de legalidad y seguridad jurídica.

2) ¿Qué resolvió exactamente la Corte?

• La prescripción es una limitación sustantiva y temporal que extingue la potestad de determinar, fiscalizar, sancionar y cobrar por parte de la Administración respecto del periodo prescrito.
• Esa limitación alcanza a las resoluciones de determinación sobre ejercicios prescritos, aunque arrojen “S/ 0” o se presenten como “verificación” para afectar arrastres a ejercicios no prescritos.
• La Administración sí puede considerar antecedentes de períodos precluidos solo cuando ello no se traduce en un nuevo acto determinativo ni altera efectos jurídicos ya consolidados en el periodo prescrito.
  

3) El caso concreto (hechos relevantes)

• La SUNAT reconoció prescripción del ejercicio 2002, pero emitió la Resolución de Determinación N.° 022-003-0008521 con reparos cuantificados que redujeron la pérdida 2002 y, por ende, el arrastre al 2003.
  CASACIÓN No. 26823-2024-LIMA
• La Corte concluyó que no fue una “verificación” sino un pronunciamiento sustantivo sobre un ejercicio prescrito; por tanto, vulneró el artículo 43 del Código Tributario.

Además, descartó que se tratara de la corrección de un error material del artículo 78 (numeral 3) del Código Tributario.

4) Alcances y criterios rectores

1. Prohibido recalcular, reliquidar o “ajustar” pérdidas arrastrables u otros elementos sustantivos de períodos prescritos mediante resoluciones de determinación (aun con “S/ 0”).
2. La prescripción no se “evita” invocando efectos en ejercicios posteriores; aceptarlo vaciaría de contenido al instituto de la prescripción y contravendría la Norma VIII (interpretación) y los principios de legalidad y seguridad jurídica.

Es válido usar antecedentes de períodos precluidos sin emitir nuevos actos determinativos ni alterar efectos ya consolidados (p. ej., cotejos documentales que no “reabran” el periodo).

5) Implicancias prácticas para contribuyentes y empresas

• Mayor seguridad jurídica: Cierre real de ejercicios prescritos frente a intentos de “ajuste” por vía de nueva resolución de determinación.
• Defensa en fiscalizaciones: Si la SUNAT pretende reducir pérdidas arrastrables u otros créditos a partir de reparos en períodos prescritos, existe argumento sólido para impugnar (nulidad del acto y vulneración del art. 43).

Delimitación operativa: La Administración Tributaria puede verificar antecedentes para determinar correctamente ejercicios no prescritos, siempre que ello se ejecute sin emitir nuevas determinaciones del periodo prescrito.

6) Recomendaciones de acción 

1. Monitorear fiscalizaciones que afecten arrastres (pérdidas, saldos a favor, créditos) y verificar si el sustento proviene de reparos en períodos prescritos.
2. Si se emite resolución de determinación o de otro tipo sobre un periodo prescrito (incluso con deuda “cero”), impugnar por infracción del art. 43 y principios de legalidad/seguridad jurídica.
3. Documentar consistencia de pérdidas y créditos en períodos no prescritos, cuidando trazabilidad sin reabrir ejercicios cerrados.

Revisar estrategias de litigio y devolución/compensación a la luz del criterio de la Corte.

7) Contexto y cobertura

La prensa especializada resaltó que el fallo refuerza la seguridad jurídica al impedir ajustes en ejercicios cerrados, destacando su impacto para las empresas. 

8) Preguntas rápidas (FAQ)

• ¿La SUNAT puede “verificar” un periodo prescrito para ajustar arrastres?
  Solo si no emite acto determinativo ni altera efectos del periodo prescrito. De lo contrario, vulnera el artículo 43 del Código Tributario.
• ¿Una RD con impuesto = S/ 0 es válida en periodo prescrito?
  No, si contiene reparos que modifican elementos del periodo prescrito (pérdidas, saldos). Lo anterior seguirá calificando como una acción de determinación y, por lo tanto, está prohibida.
• ¿Se puede “corregir” por el art. 78 (error material) del Código Tributario?
  No cuando se trata de nuevos reparos; ese supuesto no aplica.

Para mayor información, nuestro equipo Tax & Legal de ECOVIS Perú está a su disposición: info@ecovis.com.pe.